LD (Lorenzo Ramírez) La publicación de la Encuesta de Población Activa (EPA) revela la sangría laboral que está sufriendo España y pone a las familias en una situación dramática. Aunque la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sonría, el mercado laboral va camino de los 5 millones de parados.

Para atajar esta grave situación, las armas del Gobierno se basan exclusivamente en el gasto público, la rigidez laboral y las subidas de impuestos, por en la poca capacidad de endeudamiento que le quedará al Estado al cierre de este año.

Como muestra de la escasez de ideas del Ejecutivo y de la falta de responsabilidad política, De la Vega no quiso mencionar los datos de la EPA este viernes tras el Consejo de Ministros, aunque no le quedó más remedio que responder a las preguntas de los periodistas. Eso sí, al más puro estilo de la novela de George Orwell titulada "1984" quiso desviar la atención con artificios de lenguaje más propios de la propaganda que de la representación ciudadana.

Lo más destacable: el mismo día en que la cifra de 4 millones de parados se ha hecho oficial, la vicepresidenta ha dedicado parte de su intervención tras el Consejo de Ministros a hablar de los libros que el Presidente les ha regalado o del que ella misma ha dado a los periodistas. Contra el paro, poesía: "nunca hay malos tiempos".

Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, tuvo que hacer una comparecencia inesperada ante los medios de comunicación, después de que el ya dimitido secretario de Estado de Economía, David Vegara, se negara a asumir ante la prensa la responsabilidad de la sangría laboral.

Salgado, visiblemente nerviosa y buscando contínuamente cifras entre sus papeles, no quiso hablar de reformas en el mercado laboral. Incluso, llegó a decir que el aumento de 800.000 parados en el primer trimestre demuestra que "en España no es caro despedir". La ministra cierra filas con su ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, que ha rechazado la propuesta de reforma de la patronal CEOE por el pacto de no agresión que tiene con CCOO y UGT.

De momento, tal como avanzó LD, Corbacho y el flamante vicepresidente tercero de Política Territorial, Manuel Cháves, preparan un proyecto de extensión de los subsidios de desempleo en colaboración con las comunidades autónomas. El fantasma de un PER nacional asoma por el horizonte.

En medio de este torbellino la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), uno de los organismos de análisis económico de referencia en España, solicita al Gobierno que imite el aumento de la presión fiscal que ya se ha aplicado en países como Irlanda, Reino Unido y EEUU.

Su director general) Victorio Valle, lo tiene muy claro. La solución a la crisis pasa por incrementar el gasto público en "pocos" pero "grandes" proyectos de infraestructuras que mantengan el nivel de la demanda agregada, y por aumentar el número de impuestos.

Para cerrar el círculo de gasto, el Gobierno ha decidido permitir a los ayuntamientos morosos elevar su deuda en más de 11.000 millones de euros, otorgando avales por 3.000 millones a pymes y autónomos que esperan desde hace meses a que los consistorios les paguen por sus trabajos.

Tras años de ingresos fiscales y comisiones sospechosas al albor de la burbuja inmobiliaria ahora muchos ayuntamientos han quebrado y, como siempre, sus agujeros los cubrirán los ciudadanos con sus impuestos. Para el Gobierno el dinero público no es de nadie.