L D (Europa Press) La sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2004 anuló, total o parcialmente, trece artículos de las Normas Forales de 7/1996, de 4 de julio, de las Juntas Generales de Guipúzcoa; 7/1996, de 4 de julio, de las de Vizcaya; y 24/1996, de 5 de julio, de Álava; reguladoras todas ellas del Impuesto sobre Sociedades. Recuerda el Ejecutivo regional que el Tribunal Supremo "entendió que las medidas fiscales que incorporaban esos preceptos eran susceptibles de ser calificadas de ayudas de Estado, incompatibles con el mercado común, por lo que al no haber sido comunicadas a la Comisión Europea, tal y como era preceptivo, procedía su anulación".
El mismo Tribunal Supremo desestimó en su auto de 4 de abril de 2005 el incidente de nulidad planteado por las Juntas Generales y por otras entidades vascas contra la citada sentencia de 9 de diciembre de 2004, rechazando todos sus planteamientos, en particular la necesidad de someter al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una cuestión prejudicial. Para el Gobierno de La Rioja, "la intención de las Diputaciones Forales de dictar diversas normas destinadas a llenar el vacío normativo creado por la sentencia del Tribunal Supremo, en las que, según se ha sabido, se pretenden incorporar algunos preceptos de contenido sustancialmente idéntico a los que fueron anulados por la sentencia de 9 de diciembre de 2004".
Habla, en particular, del relativo al tipo de gravamen que vuelve a fijarse en el 32,5%, anulado por el Tribunal Supremo y señala que "constituirá, si efectivamente se aprueban tales normas, un flagrante incumplimiento del fallo judicial, puesto que no es posible reproducir ahora en una nueva norma, disposiciones cuya ilegalidad ha sido expresamente declarada por el Tribunal Supremo". Por otra parte, la actuación que se anuncia "se inserta dentro de la línea de comportamiento seguido por las instituciones vascas desde el momento en que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2004, caracterizada por una disconformidad radical con lo resuelto en esa resolución y una muy relativa disposición a acatar y cumplir en sus estrictos términos el mandato judicial".
"Ello les ha llevado -dice el Gobierno riojano-, entre otros episodios, a plantear el indicado incidente de nulidad, manifiestamente carente de fundamento según el Tribunal Supremo; a dilatar la publicación del fallo de la sentencia; a recurrir la resolución del Tribunal Supremo que ordenaba dicha publicación; y a elaborar ahora las normas cuya inminente aprobación han anunciado". Los nuevos recursos que presentará el Gobierno de La Rioja, se unen a la impugnación de la norma contenida en la disposición adicional décima de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Vizcaya, que pretende aplicar la normativa anulada a los periodos impositivos anteriores a la sentencia de 9 de diciembre de 2004, planteada por la Comunidad Autónoma de La Rioja ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
El Ejecutivo riojano, a través de este nuevo recurso, "pretende defender los intereses de todos los riojanos, evitando cualquier discriminación o desigualdad respecto a otras Comunidades", al tiempo que aclara que "no está en contra del Concierto Económico del País Vasco, pero no está de acuerdo con una utilización abusiva de su capacidad normativa, que provoque una competencia desleal respecto a La Rioja".