El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, tendrá que retractarse de los ataques lanzados al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al comisario económico de la UE, Joaquín Almunia, después de que ambos advirtieran de los riesgos que tiene el sistema de pensiones español.

El supervisor monetario ya avisó el pasado abril del problema, cuando señaló que el aumento de la deuda –derivado del despilfarro de fondos públicos- crea graves dificultades para el pago de las pensiones futuras con el modelo actual. Por su parte, el responsable europeo elaboró un informe en el que situaba el sistema español de protección en la "tercera división" de los países comunitarios.

Corbacho se lanzó a la yugular de Almunia y de Fernández Ordóñez, llegando casi a las descalificaciones personales. Les dijo que se abstuvieran de opinar sobre las pensiones en España y les acusó de crear una alarma social sin fundamento.

Sin embargo, este jueves el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha confesado que ve "razonable" pensar que el envejecimiento de la población y el gasto público destinado a las medidas anticrisis son dos factores que ponen en tela de juicio la sostenibilidad de las pensiones. Para tranquilizar a los jubilados, Granado añadió que "hay que esperar a revisar las proyecciones" para ver las "fortalezas" del sistema.

Estas "proyecciones" a las que se refiere el secretario de Estado son las incluidas en un informe, elaborado el pasado octubre, que contiene numerosos errores. Sirva como ejemplo que el estudio asegura que España creará empleo en la segunda mitad de 2009 con un crecimiento económico superior al 3%. Gracias a este documento, Corbacho dice que "garantiza" las pensiones hasta 2025.

De hecho, y aunque el ministro lo niegue, tanto PSOE como PP llevan más de una década analizando la reforma del sistema de pensiones, en el marco del Pacto de Toledo. Se trata de una comisión parlamentaria en la que se debate el futuro del modelo y donde se buscan fórmulas para cambiar el método de cálculo.

En la actualidad la cuantía de la pensión depende de lo cotizado por el trabajador en los últimos 15 años de su carrera profesional, y la reforma pretende ampliar este plazo hasta toda la vida laboral, lo que reducirá el importe de las pensiones. Las fuentes consultadas admiten que este es el objetivo a largo plazo, pero que todavía no se realizará esta reforma.

Lo que está claro es que la cuantía de las pensiones bajará, pero no para los actuales pensionistas, sino para aquellos que tengan menos de 45 ó 50 años. Como avanzó LD, ampliar el periodo de cálculo a toda la vida laboral reduciría la cuantía media de las pensiones en un 30%, como establecía el primer borrador de reforma.

En todo caso, aunque el Ejecutivo lo niegue en el fragor de la batalla política, la necesidad de reforma es innegable. Hasta que no se abra un debate serio entre los principales partidos políticos el tiempo corre en contra de la estabilidad del sistema. Más aún si se tiene en cuenta que la crisis española no acabará en 2010.

La hucha de la pensiones

Pero los problemas no se acaban aquí. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social (también conocido como "hucha de las pensiones") es un instrumento que diseñó el Gobierno de Aznar para evitar que este sistema de protección entrara en números rojos. De hecho, cuando el PP llegó al poder, en 1996, la caja estaba vacía.

Cada año, el Gobierno está obligado a utilizar el excedente generado en la Seguridad Social para dotar a esta hucha de fondos, de forma que se va llenando la caja para cuando el sistema entre en déficit. No obstante, la ley permite que el dinero se invierta en activos financieros "de la máxima calidad", lo que el Gobierno actual aprovecha para adquirir títulos de deuda pública española.

Además, buena parte del dinero del Fondo está invertido en bonos soberanos franceses, alemanes y holandeses por una cuantía de 60.000 millones de euros.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, lejos de ahuyentar los temores sobre el uso de esta "hucha", los ha acrecentado. Granado estudia suspender este año la dotación a la "hucha de las pensiones" utilizando como excusa los aplazamientos de las cotizaciones sociales que pagan las empresas.

Así lo ha denunciado el portavoz del PP en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, que, en declaraciones a LD critica los planes del Gobierno en esta materia. A su juicio es "inaceptable" que esta año no se dote dinero al Fondo de Reserva en una actitud que, a su juicio, "bordea la ley".

"Problema de cuentas públicas"

El secretario de Estado precisó además que en el citado informe del Comité de Bruselas no se advierte del deterioro que pueden experimentar las finanzas de los sistemas de pensiones, sino que las cuentas públicas pueden suponer un riesgo para los sistemas de pensiones en la medida en que el Estado actúa de "respaldo".

"No hay un empeoramiento de las cuentas del sistema de pensiones, lo hay de las cuentas públicas", dijo. De hecho, Granado calcula que la Seguridad Social cerrará 2009 con un superávit cercano a los 7.100 millones de euros, aunque no descartó completamente que al final pueda aproximarse a los 8.900 millones de euros que se presupuestaron en su momento, informa Europa Press.

Granado enfatizó que, gracias a las reformas que se han venido haciendo en la Seguridad Social española, a sus mayores ingresos y a la desaceleración del gasto, "todos los organismos internacionales, incluido el Comité de Política Económica de la UE, reflejan mejoras para el sistema español, incluso en términos demográficos".

De hecho, estas últimas proyecciones realizadas por Bruselas incluyen mejoras para España en lo que respecta a la tasa de dependencia (relación entre la población de 16 a 64 años y la de los mayores de 65 años).

"Yo creo que se enjuicia con demasiada dureza nuestro sistema de pensiones y es verdad que tenemos muchos problemas y que hay que resolverlos (...), pero tampoco debemos ignorar sus fortalezas", manifestó Granado.