LD (L. Ramírez) La Unión Europea vuelve a poner el sector inmobiliario español en el disparadero. Tras apercibir al país en 2005 y 2007 por la especulación urbanística realizada por las Administraciones Públicas, especialmente por los gobiernos municipales, ahora Estrasburgo amenaza con retirar las ayudas económicas a España.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE), con la oposición de los eurodiputados españoles del PP y el PSOE, aprobó hoy un informe en el que critica con dureza la "urbanización masiva" en España y en el que sugiere suspender las ayudas de la UE al país en caso de que no se remedien los problemas.

El texto de la eurodiputada danesa Margarete Auken (Los Verdes) salió adelante con 23 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención y pasará ahora al Pleno de la Eurocámara, que lo someterá a votación el próximo mes de marzo para su aprobación definitiva.

Finalmente, las principales enmiendas planteadas por el PP y el PSOE para suavizar el informe fueron rechazadas por el resto de parlamentarios, que sí aprobaron otras que hacen aún más contundente la crítica.

"El PSOE y el PP españoles se han quedado aislados, marginados. Sus argumentos no convencen a nadie, porque hay miles de ciudadanos que han visto los abusos urbanísticos, los impactos ecológicos de este modelo", destacó tras la votación el eurodiputado verde español David Hammerstein, compañero de grupo de la ponente Auken.

Sin fondos regionales

Las dos principales fuerzas españolas habían presentado un buen número de enmiendas similares para tratar de eliminar del informe algunos de los puntos más críticos, entre ellos el llamamiento a la Comisión Europea y al PE para que suspendan las ayudas a España procedentes de fondos regionales y de cohesión si el desarrollo urbanístico viola normas europeas.

Sin embargo, los votos de socialistas y populares de otros países decantaron la balanza a favor de la línea más crítica, que denuncia la "destrucción masiva" en las islas y zonas costeras mediterráneas a través del "cemento y el hormigón" y las "ganancias excesivas" del sector de la construcción durante los años de expansión económica.

La Comisión de Peticiones considera que en España se "ha generado una forma endémica de corrupción" a causa de la falta de claridad y de aplicación adecuada de las normas sobre propiedad individual y respeto del medio ambiente.

Además, los eurodiputados expresan en el informe su "preocupación" por las "dificultades" que, a su juicio, han encontrado las autoridades judiciales para hacer frente a las repercusiones de la "urbanización masiva" y consideran "alarmante la falta de confianza generalizada" en el sistema legal expresada por los cientos de ciudadanos que han protestado ante el PE.

Finalmente, quedó fuera del texto la petición de una "moratoria" de los planes urbanísticos sin garantías, pero se llama a las autoridades españolas a que "revisen y controlen" todas las nuevas planificaciones que "no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social".

La comisión de Peticiones no sólo rechazó las principales enmiendas del PP y el PSOE, sino que dio el visto bueno a otras en el sentido contrario.

“Expoliador de bienes culturales”

Entre ellas, varias del eurodiputado de IU Willy Meyer en las que se califica el modelo urbanístico español de "expoliador de los bienes culturales" y en las que se considera que las altas previsiones de desempleo y el aumento de la deuda pública son "consecuencias" de ese modelo.

A propuesta de Meyer, la Comisión de Peticiones insta también al Gobierno español a abrir un debate público con todas las administraciones para "tomar medidas legislativas contra la especulación y el desarrollo insostenible".

El de Auken será el tercer informe sobre el urbanismo en España que vote el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos.

Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertaron de la indefensión que sufren los residentes españoles y europeos ante la burocracia y el intervensionismo del sector público.