La UE acaba de abrir una vía de esperanza a los contribuyentes españoles. Tal y como avanzó Libertad Digital, el Gobierno socialista cedió a las pretensiones del tripartito catalán, consistentes en dinamitar la competencia fiscal entre autonomías.

Y es que, la nueva financiación autonómica aprobada por el Ejecutivo asesta un golpe mortal a las rebajas fiscales de algunas CCAA, ya que obliga a mantener una presión fiscal homogénea en todo el país en lo que respecta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, además de restringir y limitar las ventajas tributarias que conlleva el traslado de residencia a otra autonomía.

Sin embargo, la Comisión Europea (CE) tumba la ofensiva fiscal lanzada desde la Generalidad de Cataluña con el fin de perjudicar a las CCAA que hayan eliminado Sucesiones. La UE pretende simplificar la normativa sobre Sucesiones Internacionales entre los países miembros.

En concreto, la UE permitirá elegir a sus ciudadanos la legislación que quieran que les sea aplicable respecto al Impuesto sobre Sucesiones, pudiendo optar entre la del país donde tengan su residencia habitual o la de su país de origen.

La norma europea aporta flexibilidad, fomenta el concepto de libertad de movimientos y la competencia fiscal, mientras dentro de España la norma quiere hacerse más rígida, poniendo trabas a la libertad de movimientos de personas y dificultando la competencia fiscal. Es decir, "seguimos el camino inverso", según señala la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar (AMEF) a Libertad Digital.

La Comisión dice textualmente que con esta propuesta pretende "facilitar la vida de los ciudadanos", definiendo normas comunes que permitan identificar fácilmente la autoridad competente y la legislación aplicable a la totalidad de los bienes constitutivos de una sucesión, y -esto es lo importante- independientemente de dónde estén situados.

La normativa comunitaria, propuesta el pasado 14 de octubre, ofrece al testador la posibilidad de elegir qué legislación regirá la transmisión del conjunto de sus bienes. Según el vicecomisario Barrot, responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, es "imprescindible" que los ciudadanos de la Unión "puedan elegir las normas" sobre Sucesiones que le sean más favorables, pudiendo optar entre la fiscalidad del país de residencia o la de su país de origen.

El objetivo de la propuesta es triple: incrementar y garantizar la seguridad jurídica, ofrecer a los testadores una mayor flexibilidad en la elección de la legislación aplicable, y garantizar los derechos de los herederos, legatarios y otras personas interesadas (por ejemplo, acreedores). En esencia, la normativa propuesta amplía la libertad de elección de los ciudadanos en materia de derecho y fiscalidad de sucesiones, ya que podrá optar entre diferentes legislaciones.

En España, sin embargo, el Gobierno aumenta la complejidad administrativa en este ámbito y trata de eliminar la libertad de elección de la residencia en la sucesión. Es decir, según el proyecto de financiación autonómica aprobado por el Gobierno, un ciudadano catalán tendrá más dificultades para poder elegir Madrid como lugar de residencia para tributar por Sucesiones (impuesto exento en esta autonomía) que cualquier extranjero perteneciente a un país de la UE residente en la comunidad que preside Esperanza Aguirre.

Esta discriminación entre ciudadanos comunitarios siembra serias dudas acerca de la legalidad y seguridad jurídica presente en España en materia de Sucesiones. La Comisión rechaza de este modo el objetivo del tripartito catalán, consistente en poner trabas a la eliminación de este impuesto en algunas CCAA, como Madrid.