Este sábado se celebra la macromanifestación de los funcionarios y laborales de la Administración andaluza contra el decreto de José Antonio Griñán que ha revuelto las aguas en Andalucía desde el pasado mes de junio. Pero mientras a unos se les pide el carné de identidad por estar en concentraciones no autorizadas, a otros, CCOO y UGT, se les permite manifestarse y concentrarse sin cumplir los requisitos e incluso son recibidos oficialmente por las autoridades socialistas. Es el funcionamiento del régimen instalado en Andalucía.
CSIF cree ilegales los actos de UGT y CCOO a favor del «decretazo» porque se celebraron sin cumplir el plazo de 10 días establecido una vez pedida la autorización. Por no hacer tal cosa, a los empleados públicos contrarios al "Decretazo" se les ha pedido el nombre completo y el DNI en las concentraciones. Por si fuera poco, los empleados públicos hostiles al decreto Griñán ya han sido amenazados varias veces por dirigentes de UGT con "mandarles a 3.000 sindicalistas" y no entienden a una Junta de Andalucía que hace referencia a la paliza dada al consejero del PP de Murcia cuando se refiere a la manifestación de mañana, por lo que la desconfianza hacia la limpieza de las conductas de unos y otros está latente.
CSIF criticó ayer el «doble rasero» que por parte de las autoridades se mantiene a la hora de exigir requisitos legales para la celebración de movilizaciones a favor o en contra del «decreto del enchufismo». La organización sindical de funcionarios sostuvo que en las concentraciones que UGT y CCOO. celebraron el miércoles en siete capitales andaluza ante dependencias de la Junta a favor de la reordenación del sector público (y ayer en Jaén) se incumplió el plazo que establece la legislación, diez días, una vez se solicita el permiso y se autorizan los actos.
CSIF ha destacado que la actitud que están teniendo dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno andaluz(llamando fascistas o batasunos a los adversarios) «no vienen a dar serenidad a este momento.
El presidente del sindicato Safja, José Manuel Mateo, insistió también en la existencia de un «doble rasero» por parte de los responsables gubernativos. Mateo no ocultó su temor a que se produzca algún tipo de provocación en la manifestación de mañana en Sevilla «y la intenten boicotear. Nosotros —proclamó— vamos a protestar pacíficamente».
Ángel Molina, portavoz de la Plataforma Agua Pública, una de las organizaciones que convocan la marcha de protesta, censuró asimismo los intentos de UGT y de CCOO. de «contrarrestar» el rechazo al «decretazo», «y esperamos que no se produzca problema alguno».
Denuncia penal
SAFJA denuncia, en solitario, la negativa de la Junta a facilitarnos la información que justifique la gigantesca externalización existente, a pesar de estar obligada por Ley y de los escritos presentados por el Sindicato al respecto. Y añade: "El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía ha presentado ante la Fiscalía una denuncia por la falta de información y la negativa a entregar a esta organización sindical información y documentación sobre los listados de externos, presentes en los organismos oficiales, bien a través de agencias instrumentales, o bien a través de contratos de asistencia técnica. Éste es el resultado de la inoperancia que hemos recibido por parte de la Junta a facilitarnos la información que justifique la presencia de los trabajadores externos en la Administración, a través de los respectivos escritos presentados en todas las Consejerías, Delegaciones Provinciales y Organismos."
En estos documentos, SAFJA exigió copia de los contratos de este personal, qué tipo de funciones desempeña cada uno y si disponen de clave privada de acceso a los sistemas informáticos. Además, este Sindicato solicitó una relación de plazas vacantes y desdotadas de todos los centros de trabajo. Pero, la Administración autónoma socialista no ha querido facilitar la información requerida, alegando para ello cuestiones contradictorias, dado que unos organismos defienden que, a tenor del artículo 40.1 del Estatuto Básico del Empleado Público no contempla tal extremo, quedando fuera del ámbito tanto de las organizaciones sindicales como de las Juntas de Personal; y otros, por el contrario, que son las Juntas de Personal y los Delegados de Personal los que deben solicitarlo.
Es decir, la información requerida no se va a facilitar y SAFJA va a defender vía penal lo que lleva haciendo desde hace años: la excesiva externalización, bien por entidades instrumentales, bien a través de contratos de asistencia técnica. Para el sindicato de funcionarios "esta auténtica desfuncionarización que el Gobierno andaluz está llevando a cabo de manera descarada, cuya polémica saltó a la opinión pública por los Decretazos, conculca y vulnera de manera palpable los derechos de los empleados públicos, no sólo por la usurpación de sus legítimas potestades, sino porque sus puestos de trabajo en la RPT se han ido desdotando progresivamente hasta alcanzar niveles inadmisibles en la Junta e impidiendo la promoción profesional de los empleados públicos al no cubrirse estos puestos mediante el concurso de traslados."