Los bancos y las cajas españoles necesitarán 15.152 millones antes de octubre. Al menos según las cuentas presentadas este jueves por el Banco de España. Es una cifra muy importante y que resultará complicada de obtener. El problema es que, además, puede quedarse corta. Según los cálculos de los expertos publicados en los últimos meses, el sistema financiero español necesitará al menos 3 veces esa cantidad. Pero entonces la pregunta es ¿de dónde saldrá ese dinero?
Muchos miran al Estado que, a través del FROB, se ha comprometido a salvar a las entidades en complicaciones. Pero la situación de la deuda pública no está para tirar cohetes. De hecho, la decisión de Moody’s de rebajar la nota de la deuda un escalón, anunciada horas antes del informe del Banco de España (BdE), parece anticipar que la agencia de calificación no se cree estos datos.
En su comunicado, Moody’s calcula que las necesidades de capital del sistema financiero sumarán entre 40.000 y 50.000 millones de euros. Incluso, apunta a que en una situación de dificultad económica grave, si no se supera la actual crisis, podrían ascender hasta los 120.000 millones.
En la misma línea, también Fitch ha presentado su análisis del sistema financiero español este mismo jueves. Sus cálculos son de entre 38.000 millones de capital extra (en condiciones normales) y 96.000 (en caso de graves dificultades). UBS daba una cifra de entre 70.000 y 120.000 millones en diciembre. Y PWC apostaba por unos 40.000 millones.
Son cifras muy dispares, pero todas coinciden en estar muy por encima de lo que calcula el BdE. De esta manera, y considerando un escenario no especialmente negativo, se puede asumir que el agujero es tres veces superior al oficial. Y el sector público no está en condiciones de pagarlo.
¿Hasta dónde se puede estirar el FROB?
Si algo está demostrando la evolución de esta crisis es que el sector público no puede endeudarse eternamente sin que los mercados le castiguen como a todo hijo de vecino. Los países occidentales creyeron en algún momento que podrían salir de las dificultades a base de cargar en las espaldas de los contribuyentes los desmanes de sus gobiernos. Grecia o Irlanda ya saben que esto no es posible; y Portugal y España también han aprendido la lección, aunque quizás algo tarde.
El Tesoro Público tiene que refinanciar este año 149.000 millones de deuda a los que hay que sumar los 43.000 millones de deuda nueva que se prevén en los PGE. Abril, julio y octubre son los tres grandes puertos en forma de vencimientos, en un año que se presenta enormemente bacheado. A tenor de las emisiones ya realizadas, los 15.000 necesarios para abril ya han sido captados, lo que dará algo de respiro a las arcas públicas.
Sin embargo, aún queda mucho para terminar el año y mucho dinero que pedir a los inversores. La decisión de Moody’s empeora la situación. Y a toda la deuda prevista hay que sumar el déficit eléctrico (que también se está colocando) y la financiación del FROB. Hasta ahora, este Fondo ha prestado 12.000 millones a las entidades. Pero, ¿podrá captar los 50.000 millones previstos por Moody’s y Fitch si lo necesita? ¿Acabará arrastrando el sector financiero a la deuda pública como ha sucedido en Irlanda? ¿Qué margen de maniobra otorgarán los inversores al Gobierno español?
De la respuesta a estas preguntas dependerá el futuro inmediato no sólo de los bancos y cajas españoles, sino de su deuda soberana. En el horizonte se plantea la posibilidad de un default de España, algo impensable hace unos años. Bancos y cajas podrían tener la llave de esta nueva Caja de Pandora.