El nuevo PER de Zapatero contempla que las comunidades autónomas sufraguen los gastos relativos a los Itinerarios Activos de Empleo (cursos formativos) que tendrán que seguir los parados que pretendan acceder a la prestación. Debido a la escasez de plazas que ya existe para estos cursos, numerosas CCAA plantean ahora eliminar las ayudas regionales que ya habían puesto en marcha para parados sin prestación, y así destinar estas partidas a financiar los cursos formativos del PER de Zapatero.
La casualidad hace que estos subsidios autonómicos (que llevan meses en marcha) sean en la mayoría de casos muy similares al nuevo subsidio estatal que aprobó el Gobierno el pasado viernes . Por ejemplo, el Boletín de la Junta de Castilla y León del 3 de julio establecía una subvención de 421,79 euros. Hasta el once de agosto ya habían tramitado en esta comunidad 3.489 solicitudes de este subsidio.
En el caso de Castilla y León, la Junta estudia ahora retirar los 200 millones de euros que tenía presupuestado para este subsidio y dedicarlo a sufragar los Itinerarios Activos de Empleo del PER nacional.
Esto plantea otra problemática. Si finalmente se toma la decisión de dar por finiquitada la subvención autonómica, los últimos en cobrarla serán aquellos que hayan recibido el visto bueno de la Junta antes de la fecha de finalización de la prestación. El resto de tramitaciones pendientes tendrán que completar la documentación aglutinada con las exigencias del PER nacional e iniciar de nuevo el proceso de solicitud.
Las 17 administraciones tienen reguladas rentas básicas de inserción que, en la práctica, están orientadas al mismo colectivo que el subsidio estatal, tal y como informa María Tejo en Expansión.
Su cuantía varía en función del territorio y la situación personal del beneficiario. Los gobiernos regionales destinan unos 417 millones de euros al año a sufragar este tipo de ayudas. Una cuantía que ahora podrían ahorrarse tras la aprobación del PER a nivel nacional.
Las pagas autonómicas son incompatibles con el nuevo subsidio para parados del Gobierno. Así, las consejerías competentes de las CCAA planean denegar las solicitudes de quienes no han pedido antes la renta estatal.
Según la Unidad de Políticas Comparadas del CSIC, "está claro que pueden denegar las solicitudes de facto, invitando a los interesados a acudir a la ventanilla del Estado para pedir los 420 euros ", apuntan los expertos.