Las ejecuciones hipotecarias alcanzan su máximo desde que empezó la crisis

"El rápido deterioro de la economía española y la iliquidez de su mercado inmobiliario han obligado a los bancos a iniciar un número récord de ejecuciones hipotecarias desde 2007", empeorando las pérdidas, recortando la liquidez y aumentando los riesgos de las transacciones de los bonos hipotecarios.

Así lo explica el Servicio del Inversor de Moody's en un informe sobre litigios hipotecarios realizado por el vicepresidente de la agencia en España, Alberto Barbachano.

El volumen de ejecuciones hipotecarias que llegaron a los tribunales creció el 126% en 2008 y el 59% en 2009, ambos en comparación interanual, mientras que sólo en los tres primeros meses de 2010 se ha batido un récord de 27.561 ejecuciones hipotecarias realizadas desde que se inició la crisis. Según datos del Banco de España, bancos y cajas tienen en sus balances propiedades inmobiliarias por valor de 20.500 millones de euros.

Según explica el informe, cuando las condiciones económicas eran más favorables, los titulares de préstamos que tenían problemas eran capaces de vender sus casas con relativa facilidad para hacer frente a sus deudas.

Sin embargo, Moody's observa que la debilidad de la economía española, el pobre mercado inmobiliario y la elevada tasa de desempleo que tiene el país, la más alta de la Eurozona, han sido la causa de muchas ejecuciones hipotecarias.

La solución a esta abundancia de ejecuciones ha llegado en muchas ocasiones por la vía extra judicial, que no suele gustar a las entidades financieras prestamistas pero que se ha convertido en una buena alternativa sobre todo en aquellas zonas con mayor atasco en los juzgados, explica el informe.

La agencia considera que el elevado número de ejecuciones hipotecarias que han llegado a los juzgados desde que comenzó la crisis en 2007 subestima el número actual de propiedades que han pasado a los balances de las entidades por varias razones, como que cada proceso judicial puede implicar a más de una propiedad.

También puede deberse a que las entidades siempre han estado más dispuestas a aceptar acuerdos voluntarios y quedarse con las propiedades afectadas y liberando al deudor, dice Barbachano.