LD (EFE) Según fuentes de Unesa, las medidas adoptadas por el Ejecutivo "no responden exactamente" a lo que hubiera deseado el sector, pero suponen "el inicio de una solución definitiva para una situación insostenible".
La patronal eléctrica considera que el sector deberá afrontar ahora "tres años de esfuerzo importante" para aplicar lo aprobado, pero precisa que lo puede abordar "con la tranquilidad de que el futuro está despejado".
Las fuentes consultadas recalcaron que la decisión del Gobierno sobre el déficit tarifario "responde a una política de Estado que era inaplazable".
Unesa aplazó un juicio más detallado sobre el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros hasta conocerlo más en profundidad.
El objetivo de esta norma es, según el Ejecutivo, resolver el llamado déficit tarifario, que asciende a 16.000 millones de euros, de los que 14.000 millones están aún sin recuperar.
El Real Decreto-Ley incluye la creación de una tarifa eléctrica reducida, o "bono social" , que supondrá la congelación del recibo de la luz para cinco millones de hogares hasta 2012.
El coste será asumido por las eléctricas y podrán acogerse a ella los consumidores con potencias contratadas de hasta 3 kilovatios (Kw), así como las familias numerosas, las que tienen a todos sus miembros en paro y quienes perciben pensiones mínimas.
Las eléctricas asumirán también los costes derivados de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado, que ascienden a unos 2.700 millones.
El Estado, por su parte, avalará hasta 10.000 millones de euros las cantidades del déficit tarifario pendiente de titulizar (convertir en títulos negociables) y asumirá los costes de la generación eléctrica extrapeninsular (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla)
La patronal eléctrica considera que el sector deberá afrontar ahora "tres años de esfuerzo importante" para aplicar lo aprobado, pero precisa que lo puede abordar "con la tranquilidad de que el futuro está despejado".
Las fuentes consultadas recalcaron que la decisión del Gobierno sobre el déficit tarifario "responde a una política de Estado que era inaplazable".
Unesa aplazó un juicio más detallado sobre el Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros hasta conocerlo más en profundidad.
El objetivo de esta norma es, según el Ejecutivo, resolver el llamado déficit tarifario, que asciende a 16.000 millones de euros, de los que 14.000 millones están aún sin recuperar.
El Real Decreto-Ley incluye la creación de una tarifa eléctrica reducida, o "bono social" , que supondrá la congelación del recibo de la luz para cinco millones de hogares hasta 2012.
El coste será asumido por las eléctricas y podrán acogerse a ella los consumidores con potencias contratadas de hasta 3 kilovatios (Kw), así como las familias numerosas, las que tienen a todos sus miembros en paro y quienes perciben pensiones mínimas.
Las eléctricas asumirán también los costes derivados de la gestión de los residuos radiactivos y del combustible gastado, que ascienden a unos 2.700 millones.
El Estado, por su parte, avalará hasta 10.000 millones de euros las cantidades del déficit tarifario pendiente de titulizar (convertir en títulos negociables) y asumirá los costes de la generación eléctrica extrapeninsular (Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla)