(Libertad Digital) Según publica este lunes El Periódico, la Generalidad aprobará mañana un proyecto legislativo que prevé obligar a las distribuidoras eléctricas que estén conectadas al menos a dos subestaciones, una principal y otra secundaria. El objetivo es que no se repitan situaciones como las que dejó sin luz a Barcelona y sus alrededores durante varios días. Para hacer cumplir esta obligación prevé imponer multas de hasta 30 millones de euros a las empresas que no lo cumplan.
Entre las medidas previstas por la norma autonómica, recogidas por el diario barcelonés, se encuentra la obligación de que las subestaciones cuenten con transformadores de reserva que "superen el 30 por ciento de la potencia total de la instalación". La norma marca como objetivo que las compañías distribuidoras hayan surtido de electricidad tras un apagón al 90 por ciento de los abonados (para ciudades con más de 20.000) en menos de dos horas.
Unesa lleva al Gobierno ante Bruselas
Todo ello obligará a las compañías, tanto a las productoras como a las distribuidoras, a nuevas inversiones. Pero este lunes también se ha conocido otra noticia que apunta a la preocupación de la patronal del sector eléctrico por los efectos que sobre la capacidad de suministro pueda tener la política de tarifas del Gobierno.
Según informa este lunes el diario La Gaceta de los Negocios, Unesa ha acudido a Bruselas buscando el amparo de la Comisión Europea ante la política de tarifas del Gobierno socialista. En la actualidad el Gobierno fija una tarifa que está por debajo de la realidad del mercado, lo que crea enormes distorsiones. La diferencia entre la tarifa y lo que sería el precio de mercado (lo que se conoce como "déficit de tarifa") se tendrá que recuperar con futuras subidas del recibo de la luz durante los próximos 14 años.
La propia actualización de la tarifa está en peligro por las presiones del electoralismo de los sucesivos gobiernos, que no quieren afrontar el disgusto de los votantes cuando ven que su factura eléctrica se hace más abultada. De hecho, el Gobierno tenía planeado subir la tarifa pero las presiones de la oposición y el temor al efecto electoral llevaron a Zapatero a prometer que se congelarían. En octubre el Gobierno tiene que tomar una decisión.
Adiós a la garantía de suministro
Y mientras se mantienen las tarifas artificialmente bajas se crean dos efectos. Por un lado se está beneficiando al sector industrial, gran consumidor de electricidad, que cuenta así con una ventaja injustificada frente a las empresas de fuera. En enero Bruselas acusó a España de caer en esta mala práctica.
Pero por otro se produce un efecto muy negativo y que recae enteramente en nuestro país. Y es que, según ha denunciado Unesa a la Comisión y recoge La Gaceta de los Negocios, unas tarifas por debajo del mercado hacen menos atractivas las inversiones, que acaban por no producirse, lo cual pone en riesgo la garantía del suministro.