Las grandes inmobiliarias presionan al Gobierno para prorrogar urgentemente la vigencia de un decreto ley que aprobó en diciembre de 2008 con el fin de evitar que las promotoras entren masivamente en concurso de acreedores como consecuencia de las pérdidas ocasionados por la depreciación de sus activos, según informa José Sánchez Arce este viernes en Expansión.
El citado decreto ha permitido con carácter excepcional que las empresas que operen con fondos propios negativos -motivo de disolución, según la ley- puedan seguir en pie sin necesidad de declararse en quiebra. Sin embargo, la vigencia de esta norma se limitaba a los ejercicios 2008 y 2009, con lo que expiró el pasado 1 de enero.
Según la Ley de Sociedades Anónimas y la ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada una empresa se debe disolver o bien ampliar capital en caso de que su patrimonio neto quede reducido a una cantidad inferior a la mitad de su capital social. Según los expertos consultados por el diario, más del 50% de las firmas inmobiliarias se encuentran en causa de disolución.
El decreto aprobado a finales de 2008 eximió a las empresas de tal obligación, aplicando una especie de indulto contable para evitar la bancarrota de las inmobiliarias, con la esperanza de que en el plazo de dos años el valor de sus activos se recuperaría, cosa que no ha sucedido -la depreciación continúa-.
Ahora, según fuentes del sector inmobiliario, las promotoras están negociando con el Gobierno, a través del lobby G-14, una extensión legal del real decreto ley 10/2008 para evitar una oleada de concursos.