Las sanciones de Bruselas serán pagadas también por CCAA y ayuntamientos

Ésta es una de las medidas que incluirá la futura Ley de Economía Sostenible, según fuentes conocedoras del anteproyecto, cuya primera lectura ha hecho hoy el Consejo de Ministros.

Cuando se incumple una norma comunitaria la Comisión Europea hace responsable a España, es decir, reclama la sanción al Gobierno central.

Con este cambio, las demás administraciones se hacen corresponsables, de forma que si son las que incumplen las normas europeas serán las que paguen la sanción, una obligación que ya se incluyó en la "ley paraguas" para trasponer la Directiva Europea de Servicios y que ahora se extiende a todos los ámbitos.

Esta medida se incluye en el compromiso de sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas que incluye la Ley de Economía Sostenible.

Dentro de este compromiso, el Gobierno se ha dado seis meses para presentar un plan de racionalización del gasto en la Administración central y en las empresas públicas estatales, y en este plazo tiene que evaluar todos sus departamentos y entidades.

Al incluirlo en el proyecto legislativo, el Ejecutivo busca dar un rango legal a la obligación de racionalizar el gasto público.

La Ley de Economía Sostenible incluye otras medidas y reformas legales que afectarán al gasto racional de las demás administraciones, y en concreto hará un control especial sobre la morosidad de los ayuntamientos con las empresas, que afecta sobre todo a las pymes.

Así, los ayuntamientos deberán contar con registros de las facturas que reciben, confirmadas o no, y la Administración central tendrá capacidad de exigirles informes para hacer un seguimiento de sus impagos con el sector privado.

Además, desde que entre en vigor la Ley de Economía Sostenible -previsiblemente en verano de 2010- y hasta el año 2013 se irá reduciendo progresivamente el plazo de pago por parte de los ayuntamientos, de los sesenta días actuales hasta la mitad.

También las pymes podrán defenderse mejor ante los impagos que sufran por parte de las grandes empresas, de forma que el plazo para abonar lo que se debe no podrá pasar de sesenta días y no podrá haber pactos bilaterales que cambien estas condiciones, para evitar abusos por parte de la compañía de mayor tamaño sobre la menor.

Las empresas podrán además recurrir ante los tribunales los impagos que sufran desde un mes después de que venza el plazo de cumplimiento