LD (Europa Press) Así figura en el artículo 12 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que contempla una serie de sanciones a los responsables de cometer infracciones muy graves, con independencia de la sanción que corresponda imponer a la entidad de crédito infractora.

Entre las infracciones calificadas como "muy graves" por la ley figura el carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con irregularidades que impidan conocer la situación patrimonial y financiera de la entidad, así como incumplir el deber de veracidad informativa a los socios, depositantes, prestamistas y al público en general.

Además de estas situaciones, que podrían corresponder con los sucesos que provocaron la intervención de CCM por parte del instituto emisor español el pasado 28 de marzo, se considera "muy grave" contar con una cobertura sobre recursos propios insuficiente.

Conducta "dolosa o negligente"

La norma establece que serán responsables de estas infracciones aquellos que ejerzan cargos de administración o dirección cuando se puedan imputar a una conducta "dolosa o negligente", si bien matiza que para determinar la sanción aplicable se tomará en consideración el grado de responsabilidad del individuo en los hechos.

La CCM comunicó a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) un beneficio consolidado de 29,86 millones de euros en 2008, un 87% menos respecto al año anterior, lo que contrasta con los ajustes de patrimonio necesarios detectados por el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Según los datos del Banco de España, CCM presenta una fuerte concentración en el sector promotor-constructor, por encima del 40% de la inversión crediticia total, así como en empresas de su propio grupo económico. Su morosidad ha pasado del 0,5% al 5,1% del total de la inversión, y su cobertura se adelgazó desde el 385% hasta el 36%.

El Banco de España intervino CCM por la "deficiente" gobernanza de la entidad del equipo directivo, que llegó a "socavar de forma muy grave la solvencia y viabilidad" de la caja de ahorros que hasta ahora presidía Juan Pedro Hernández Moltó.

Así figura en el documento de la comisión ejecutiva del Banco de España en su sesión del pasado 28 de marzo, cuando el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez decidió hacerse con la gestión de la entidad, la primera intervención desde que estalló la crisis financiera.

Excesiva exposición al ladrillo

El texto resalta que el equipo directivo de CCM sobrevaloró el ciclo expansivo y asumió una exposición excesiva al sector inmobiliario, tanto a través de la financiación directa como de participaciones en empresas del sector, sin ser capaz de reaccionar cuando el deterioro de la situación se hizo manifiesto.

La situación de la entidad se volvió "insostenible" ante la continua retirada de depósitos, coincidiendo con la cerrazón de todas las vías de financiación interbancarias ante la bajada de 'rating' hasta 'BB+' que tuvo lugar el 19 de febrero, y sin activos aptos para su descuento ante el sistema europeo de bancos centrales.

Estos hechos obligaron a la caja castellano manchega a solicitar una provisión urgente de liquidez por importe máximo de 900 millones de euros ante su incapacidad para hacer frente a sus obligaciones

El Banco de España advierte además que, aunque la entidad presenta un patrimonio neto positivo, la situación "empeorará sensiblemente" si se tienen en cuenta los 600 millones de euros de ajustes al patrimonio neto que, previsiblemente, se derivarán de la inspección en curso.

En la actualidad, el órgano de administración de CCM está en manos de Jorge Pérez Cerdá Silvestre, Carlos Miguel Hervás Arnáez, y Raúl Hernández Pardo, con todas las facultades para nombrar el equipo de dirección; dirigir, controlar y ejecutar la actividad de la entidad; diseñar las medidas necesarias para afrontar la situación, y conceder y revocar poderes.

CCM, resultado de la fusión de tres cajas de Castilla y León en 1992, cuenta con un volumen de balance superior a 26.000 millones de euros, con cuotas de mercado de depósitos en la Comunidad Autónoma del 27%, así como con una red de 3.200 empleados y 600 sucursales.