Los españoles tendrán que "pagar por usar las infraestructuras de transporte"

En una conferencia del Círculo de Infraestructuras en Barcelona, argumentó que, después de la crisis económica, el Estado del Bienestar "va a ser muy difícil de mantener en las condiciones actuales", por lo que se deberá empezar a pensar en que los Estados no pueden atender a todos los servicios.

Ayuso reclamó una modernización "urgente" de la legislación sobre concesiones para hacer más atractiva la inversión en España y evitar que los inversores se decanten para infraestructuras de otros países como Brasil o India, en los que las necesidades son mayores y "los gobiernos ofrecen un marco legal más atractivo".

Explicó que España debería ofrecer rentabilidades que se correspondan con los riesgos asumidos y condiciones que sean competitivas con ese otro tipo de inversiones en otros mercados. "Si pensamos que vamos a seguir invirtiendo con las rentabilidades que se han estado ofertando hasta ahora, se dejarán de hacer infraestructuras con financiación privada", aseguró.

Explicó que se debe "reinventar y modernizar" el sistema de financiación público-privado, es decir, la legislación que regula las concesiones. Para que los proyectos en España sean atractivos, Ayuso enumeró una serie de condiciones como que se establezca una seguridad y estabilidad legal que pase por alargar las concesiones, que actualmente tienen un límite de 75 años, ya que "al sistema financiero le gusta el largo plazo porque elimina riesgo".

Asimismo, señaló que es necesario distribuir riesgos entre las administraciones y las empresas concesionarias, y que la administración sea "leal" y vaya resolviendo problemas y adaptando la infraestructura a las necesidades.

Aseguró que, desde la aprobación de la normativa internacional de contabilidad, invertir en una concesión es "heroico", ya que la empresa registra pérdidas durante 10 ó 15 años, debido a que deben contabilizar los derivados "como si fueran un banco especulativo". Constató también que sería positivo establecer bonificaciones fiscales a quien invierta en bonos en infraestructuras.