LD (Pedro Tena) Fuentes del colectivo recordaron que, a pesar de estar considerados afectados por el cierre de Delphi, están incluidos en el protocolo de colaboración "con menoscabos", puesto que no tienen derecho a la reposición de prestaciones por desempleo o alternativa de prejubilación, solución que, por ejemplo, "sí se ha ofrecido a los trabajadores eventuales de las industrias auxiliares".
Tras recurrir a Chamizo , que trasladó su queja a la Consejería de Empleo, el viceconsejero, Agustín Barberá , remitió un escrito a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz con fecha de entrada el 15 de enero, al que tuvo acceso la agencia Europa Press. Entre otros argumentos para negar el agravio comparativo, Barberá expuso que el colectivo de eventuales de Delphi no tenían ninguna relación laboral con la empresa en el momento de la firma del acuerdo del 4 de julio de 2007 y, por tanto, del cierre". Posteriormente, según continuó, fueron incluidos en el protocolo en términos de formación becada y posibilidades de recolocación.
Asimismo, relató que la Consejería sólo tenía conocimiento de los afectados de las industrias auxiliares de Delphi que fueron incluidos en el protocolo en julio de 2007, puesto que "tenían trabajos fijos" por lo que, en todo caso, "el agravio comparativo se entenderá que se refiere al colectivo de trabajadores fijos de las industrias auxiliares acogidos a dicho acuerdo". Posteriormente, aludió a sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que dicen que es "conditio sine qua non que los términos de comparación que se indican para ilustrar la desigualdad denunciada sean homogéneos y este requisito es esencial".
Según la Junta, los supuestos que se pretenden comparar en este caso --ex eventuales de Delphi y "fijos", según Barberá, de la industria auxiliar-- "no son homogéneos, con lo que se justifica sobradamente la diferencia de trato ".
La Junta miente, según los eventuales
Los ex eventuales de Delphi tildaron de "falso" que, tal y como expone la Junta, "todos los afectados de la industria auxiliar fueran indefinidos y no hubiera entre ellos eventuales que sí se están beneficiando de todos los términos del protocolo", es decir, de las prejubilaciones y la reposición de prestaciones.
"La Junta miente al Defensor del Pueblo Andaluz, a los trabajadores y a la opinión pública", afirmó, retando a la Administración autonómica a "demostrar la veracidad de lo que dice" ya que, según les consta, " al menos un 60 por ciento de los trabajadores de las industrias auxiliares eran eventuales", con contratos por obras y servicios o por circunstancias de la producción.
Mientras tanto, los eventuales anunciaron que emplearán todos los medios a su alcance para " demostrar públicamente con documentación el engaño de la Junta ", en cuyo caso exigirán la equiparación de sus condiciones al resto de afectados y "la dimisión de todos los responsables de Empleo, es decir, del consejero, Antonio Fernández, el viceconsejero, Agustín Barberá, y su delegado provincial en Cádiz" que, a su modo de ver, "han estado mintiendo y enmascarando prestaciones".
Por último, el colectivo puntualizó que con esto " no se pretende que los ex trabajadores de la auxiliar dejen de gozar de sus ventajas ", sino que a ellos se les aplique "el mismo trato" porque cumplen "los mismos requisitos" y se encuentran en una situación "totalmente precaria".
Tras recurrir a Chamizo , que trasladó su queja a la Consejería de Empleo, el viceconsejero, Agustín Barberá , remitió un escrito a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz con fecha de entrada el 15 de enero, al que tuvo acceso la agencia Europa Press. Entre otros argumentos para negar el agravio comparativo, Barberá expuso que el colectivo de eventuales de Delphi no tenían ninguna relación laboral con la empresa en el momento de la firma del acuerdo del 4 de julio de 2007 y, por tanto, del cierre". Posteriormente, según continuó, fueron incluidos en el protocolo en términos de formación becada y posibilidades de recolocación.
Asimismo, relató que la Consejería sólo tenía conocimiento de los afectados de las industrias auxiliares de Delphi que fueron incluidos en el protocolo en julio de 2007, puesto que "tenían trabajos fijos" por lo que, en todo caso, "el agravio comparativo se entenderá que se refiere al colectivo de trabajadores fijos de las industrias auxiliares acogidos a dicho acuerdo". Posteriormente, aludió a sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional que dicen que es "conditio sine qua non que los términos de comparación que se indican para ilustrar la desigualdad denunciada sean homogéneos y este requisito es esencial".
Según la Junta, los supuestos que se pretenden comparar en este caso --ex eventuales de Delphi y "fijos", según Barberá, de la industria auxiliar-- "no son homogéneos, con lo que se justifica sobradamente la diferencia de trato ".
La Junta miente, según los eventuales
Los ex eventuales de Delphi tildaron de "falso" que, tal y como expone la Junta, "todos los afectados de la industria auxiliar fueran indefinidos y no hubiera entre ellos eventuales que sí se están beneficiando de todos los términos del protocolo", es decir, de las prejubilaciones y la reposición de prestaciones.
"La Junta miente al Defensor del Pueblo Andaluz, a los trabajadores y a la opinión pública", afirmó, retando a la Administración autonómica a "demostrar la veracidad de lo que dice" ya que, según les consta, " al menos un 60 por ciento de los trabajadores de las industrias auxiliares eran eventuales", con contratos por obras y servicios o por circunstancias de la producción.
Mientras tanto, los eventuales anunciaron que emplearán todos los medios a su alcance para " demostrar públicamente con documentación el engaño de la Junta ", en cuyo caso exigirán la equiparación de sus condiciones al resto de afectados y "la dimisión de todos los responsables de Empleo, es decir, del consejero, Antonio Fernández, el viceconsejero, Agustín Barberá, y su delegado provincial en Cádiz" que, a su modo de ver, "han estado mintiendo y enmascarando prestaciones".
Por último, el colectivo puntualizó que con esto " no se pretende que los ex trabajadores de la auxiliar dejen de gozar de sus ventajas ", sino que a ellos se les aplique "el mismo trato" porque cumplen "los mismos requisitos" y se encuentran en una situación "totalmente precaria".