"¿Puede un país sin reservas de combustibles fósiles prescindir de 38 TWh, generados a bajo coste, que produciría la central nuclear de Garoña durante 10 años de vida adicional? ¿Debe España, defensor entusiasta e incumplidor contumaz de los compromisos de Kioto, emitir más de 20 millones de toneladas de CO₂ que Garoña evitaría, y que, a un coste orientativo de 20 €/tCO2, supondrían 400 millones de euros?", se preguntan los académicos en el documento.

Con una dependencia energética superior al 80%, "¿debe importarse gas por valor de 1.600 millones de euros para suplir el cierre de Garoña?"

Las respuestas de estos expertos a las tres preguntas son negativas:

"Que Garoña cumpla su vida de diseño (40 años) no implica que su vida útil no pueda ser muy superior, especialmente para una instalación bien gestionada en la que un porcentaje elevado de componentes originales han sido sustituidos. Las decisiones de la Administración de EEUU así lo demuestran con 54 reactores cuya vida útil se ha extendido hasta 60 años"

Por otro lado, "se augura un futuro prometedor a largo plazo para las energías renovables. Sin embargo, a corto plazo (y 10 años lo es en planificación energética) es una irresponsabilidad contraponer éstas a la nuclear", inciden.

"Con un apoyo decidido y racional, las renovables primordiales (eólica y solares) penetrarán el mercado en mayor medida mediante reducciones importantes de costes, aumento de eficiencia, empleo de nuevos materiales, construcción de redes inteligentes locales, extensión de redes de transporte y distribución robustas, y, por encima de todo, tecnologías de almacenamiento masivo de energía intermitente".

Sin embargo, advierten de que, "siendo realistas, esto no sucederá ni en 10 ni en 20 años y, por tanto, a corto y medio plazo todas las energías son imprescindibles y complementarias".

Dado que la inversión inicial en la central nuclear de Garoña es un coste hundido que se considera amortizado, lo que implica costes de generación inferiores a los de mercado, algunos sugieren que, en caso de extender la vida de Garoña, el Gobierno debiera obligar a la empresa propietaria a invertir parte de sus beneficios en energías renovables.

"La adecuación de esta propuesta a la legislación existente se nos escapa, aunque se podría interpretar como un peculiar control en una economía de mercado. De ajustarse a Derecho, serían Gobierno y empresa quienes debieran alcanzar un acuerdo en este punto", indican.

Además, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismo regulador en temas nucleares "conocido por sus actuaciones rigurosas, aunque mejorables en algún caso puntual, ha propuesto por unanimidad la extensión de la vida de Garoña con unos condicionantes técnicos y, consiguientemente, una inversión económica por parte de la empresa Nuclenor, para seguir operando durante 10 años con niveles de seguridad iguales o superiores a los actuales", recuerdan los ingenieros.

Por ello, "sería difícil de entender en la España actual que se antepusieran otras justificaciones a una recomendación técnica del CSN y a consideraciones ambientales, económicas y sociales (600 empleos directos de la CN de Garoña podrían perderse). La opinión de técnicos cualificados debe jugar un papel importante en la toma de decisiones esencialmente técnicas. Garoña debería permanecer operativa al menos hasta 2019, aprovechando la vida útil de una instalación segura", aseguran.

"En nuestra opinión es esencial un Pacto de Estado entre los partidos políticos y los agentes sociales en temas energéticos, así como una planificación a medio y largo plazo, que eviten los vaivenes asociados a los cambios de Gobierno, con un posible exceso de carga ideológica y muy escasa consideración de razones técnicas, medioambientales y económicas", concluyen.

Firman el comunicado los siguientes académicos:

Ramón Argüelles Álvarez, Antonio Barrero Ripoll, Enrique Castillo Ron, Joaquín Coello Brufau, Jaime Conde Zurita, José Luis Díaz Fernández, Manuel Doblaré Castellano, Jaime Domínguez Abascal, César Dopazo García, Manuel Elices Calafat, Elías Fereres Castiel, Aníbal R. Figueiras Vidal, Adriano García Loygorri, Antonio Garrido Martínez, Josefina Gómez Mendoza, José Ramón Irisarri Yela, Javier Jiménez Sendín, Luis Lada Díaz, Amable Liñán Martínez, Emilio Llorente Gómez, Manuel Márquez Balín, José Antonio Martín Pereda, Elías Muñoz Merino, Luis Alberto Petit Herrera, Rafael Portaencasa Baeza, Andrés Ripoll Muntaner, Javier Rui-Wamba Martija, Jaime Torroja Menéndez, María Vallet Regí.