El objetivo fundamental de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) es calcular las necesidades de gasto público que la Administración Central quiere realizar durante un año en función de los ingresos obtenidos, fundamentalmente a través de los impuestos. Por ello, el que sean lo más cercanos a la realidad de la economía es vital para que la caja pública no entre en números rojos, dificultando el pago de las prestaciones sociales, que están protegidas por Ley.
Este no es el caso de España, especialmente después de que el pasado año el entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, elaborara unos Presupuestos que, nada más aprobarse, eran papel mojado. Se equivocó en las estimaciones de ingresos y, encima, el Gobierno no redujo el gasto, lo que ha creado un agujero sin precedentes en las cuentas públicas que ya supera los 60.000 millones de euros.
Como consecuencia, ya no hay dinero ni para pagar las prestaciones por desempleo ni para hacer frente al resto de ayudas, como las pensiones a los jubilados y a las personas que tengan algún grado de invalidez. Para las subvenciones a los parados el Gobierno ya autorizó un credíto extraordinario de 17.000 millones de euros el pasado junio; y para las prestaciones por jubilación e invalidez el Ejecutivo recurre al Fondo de Contingencia.
En concreto, este viernes el Consejo de Ministros autorizó la utilización de 103,9 millones de euros procedentes de este Fondo para financiar prestaciones sociales. Se destinarán 62,01 millones de euros para un suplemento de crédito al Ministerio de Trabajo con el objetivo de financiar a la Seguridad Social las pensiones no contributivas por jubilación o invalidez, según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
El resto del montante, 41,9 millones de euros, financiarán un suplemento de crédito también para el Ministerio de Trabajo para compensar a la Seguridad Social la prestación económica no contributiva de pago único por nacimiento o adopción de hijo.
Todas las prestaciones que abona la Seguridad Social en su modalidad no contributiva no se financian con cotizaciones de trabajadores y empresarios, sino con aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.El Gobierno ha gastado en los seis primeros meses del año 1.576,9 millones de euros, el 49,9% del presupuesto del Fondo de Contingencia para 2009, que asciende a 3.152,08 millones de euros, el 2% del límite del gasto no financiero para este mismo año, en un momento en que la crisis y el incremento del paro han marcado la ejecución del primer proyecto económico socialista de la legislatura.
Así, según datos del Ejecutivo a los que ha tenido acceso Europa Press , dicho Fondo disponía al cierre de junio de 1.575,18 millones de euros para hacer frente a partidas no previstas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).