Durante la presentación del estudio 'Presupuestos Generales del Estado 2010: Unas cuentas insostenibles', la organización parte de que la previsión macroeconómica del Gobierno no es realista y de que la partida de gastos no cuadrará por un progresivo incremento de los gastos y una mayor caída de los ingresos.

Así, pide un adelgazamiento de la administración. Según indicó en rueda de prensa el presidente del Comité de Política Económica de la organización, Fernando Eguidazu, acompañado por su presidente, Claudio Boada, el coste salarial del conjunto de las administraciones asciende a 124.000 millones de euros, lo que implicaría un gasto de 7.000 euros anuales para los contribuyentes.

En este sentido, abogó por la eliminación de ciertos ministerios, subsecretarías, recortar la "administración paralela" en la que se ha convertido el entramado de asesorías o congelar el salario de los funcionarios y limitar la oferta de empleo público.

Si bien, dirigió la mayor parte de sus críticas al "despilfarro" de las comunidades autónomas. En opinión de los empresarios, "el verdadero problema es el gasto creciente que produce el modelo autonómico y la falta de disciplina fiscal de las comunidades autónomas, que hace que el déficit público crezca y se enquiste".

"La solución es un modelo sensato de ordenación del Estado, con una descentralización eficiente del gasto y de la capacidad recaudatoria, que termine con la creciente hipertrofia de las administraciones públicas e impulse la responsabilidad fiscal", añadieron.

Con todo, Eguidazu aseguró que "el agujero (del déficit) es tan grande que no hay ajuste de gasto que pueda cubrirlo" a corto plazo y que "si no hay una recuperación sólida de la economía, no será posible cuadrar el déficit".

Seguirá creciendo el paro

Ahora bien, otra razón por la que el presupuesto de gastos no cuadrará será por el progresivo aumento del paro, que, según los empresarios, es el problema "fundamental". En opinión de Eguidazu, el gasto por desempleo será mayor del previsto, por lo que el presupuesto, dijo irónicamente, "será aún más social".

En su opinión, el Gobierno no debería "presumir" de que el 51,6% del gasto presupuestado sea de carácter social, sino de que no hiciera falta tanto dinero para costear la 'sangría' del paro.

Además, según consideró Boada, un presupuesto en el que la partida social es superior a la dedicada a la educación o la innovación no está orientado al cambio de modelo productivo.

En el capítulo de la Seguridad Social, los empresarios dudaron de que puede cerrar 2010 con superávit, como prevé el Gobierno, y se mostraron de acuerdo en que se suspendan las dotaciones previstas al Fondo de Reserva de la Seguridad Social ante la previsión de más aplazamientos de pago de cotizaciones por parte de las empresas. "Es una medida inevitable", indicó Eguidazu.

Reforma fiscal integral

Por el lado de los ingresos, el Círculo de Empresarios criticó la subida de impuestos, puesto que mermará la entrada de recursos en las arcas públicas y, por el contrario, apostaron por una "reforma fiscal integral" que los reduzca o que, al menos, simplifique los tramos.

Con el actual proyecto de Ley de Presupuestos sobre la mesa, los empresarios entienden que la subida del IVA penalizará el consumo, mientras que el aumento de los impuestos sobre las rentas del capital también desincentivará el ahorro. "No es el mejor momento para subir impuestos", concluyeron.

Ante este panorama, el Círculo de Empresarios aseguró que la adopción de reformas estructurales se hacen cada vez más "urgente" y deben estar más centradas en la oferta que en la demanda.

En este punto, hablaron de una necesaria reforma laboral, que ahonde en el concepto de "flexiseguridad", en el planteamiento de un mix que abarate el coste de la energía, así como de una reforma de las pensiones que introduzca más elementos de capitalización.

A modo de colofón, los representantes de los empresarios miraron hacia la Ley de Economía Sostenible, el proyecto 'estrella' del Gobierno, y aseguraron que "no puede haber una economía sostenible con unas cuentas públicas insostenibles".