LD (Europa Press) Los promotores consideraron que para hacer más atractivo el mercado de la vivienda protegida, "hace falta que haya una adecuación económica detrás y una puesta en valor de los módulos, que varían según los distintos ámbitos territoriales".
Fuentes de Fadeco Promotores indicaron que, según se contempla en una orden del Ministerio de Vivienda por la que se declaran los ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2008, las viviendas protegidas de 41 municipios andaluces, entre ellos los de las ocho capitales andaluzas, tendrán un precio hasta un 15 por ciento más elevado en el resto de localidades de la Comunidad, es decir, 41 municipios andaluces se hallan en el llamado grupo C.
Lamentaron que, a pesar de que la Consejería de Obras Públicas y Transportes le pidió al Gobierno central que al menos los municipios de más de 100.000 habitantes estuvieran incluidos en otros grupos superiores, "en Andalucía no hay ningún municipio que pertenezca ni al grupo A, donde los precios aumentan un 60 por ciento del precio básico de venta para las viviendas de nueva construcción y hasta un 90 por ciento para viviendas libres usadas en segunda o posterior transmisión, y VPO de precio concertado; ni al grupo B, donde se ámbitos territoriales con un precio hasta un 30 por ciento superior al básico para viviendas de nueva construcción, y hasta un 40 por ciento para viviendas libres usadas en segunda o posterior transmisión".
"Sólo están algunos municipios en el grupo C, y nos duele ver que hay mejor tratamiento económico para promover VPO en los municipios incluidos en los grupos A y B, donde no hay ninguna ciudad andaluza", lamentaron los empresarios, que criticaron el hecho de que "en grupos 'superiores' se incluyen muchísimos pueblos que no tienen la importancia de capitales como Sevilla o Málaga".
Escasa rentabilidad
Lamentaron que la Junta no haya recibido respuesta a su petición, por lo que, tras considerar "sorprendente" que el Ejecutivo central "aún no le haya dado el visto bueno a esa petición", indicaron al Gobierno que "hay que pedir con más presión que los grandes municipios estén en un nivel superior" en cuanto a los ámbitos territoriales de precio máximo superior para el año 2008.
"No lo hemos conseguido ni para las capitales de provincia, cuando eso incentivaría la construcción de VPO entre los promotores", agregaron las fuentes, que precisaron que estas peticiones están relacionadas con el Plan Concertado de Vivienda "donde debemos definir distintos tipos de vivienda".
Por otro lado, el presidente de Omega Servicios Inmobiliarios, Manuel Molleja, --una de cuyas filiales, Azahar, es una de las adjudicatarias-- resaltó hace una semana en rueda de prensa la necesidad de que las empresas de la construcción "cambien el chip" a la hora de promover y construir vivienda protegida, y consideró necesaria para hacer este mercado más atractivo a los empresarios la revisión de los módulos de vivienda protegida y de las áreas en las que se dividen los diferentes módulos "para hacer más atractivas las promociones de VPO" y así adaptarlos a las nuevas exigencias del Código Técnico de Edificación (CTE)".
Por su parte, fuentes de Dolmen Consulting, empresa especializada en VPO, indicaron que la vivienda protegida "necesita un aumento del módulo, eso es una realidad", ya que "este año la subida ha sido del 4,12 por ciento, inferior incluso al IPC, con lo cual no se compensa ni de lejos la subida del 20 por ciento de los costes de construcción en VPO que supone la aplicación del CTE".
Por ello, apuntaron que "si ya de por si los márgenes de beneficio son estrechos, con el CTE llegamos a tales extremos que en algunos casos la protección oficial deja de ser rentable". Indicaron que la vivienda protegida "supone una oportunidad, aunque muy compleja, pues se trata de un producto refugio, de alta y continua demanda, por lo que es muy atractivo para el promotor en estos momentos, pero los márgenes de beneficios son tan estrechos que exige una alta especialización, la fidelización de los proveedores, además de salvar un entramado burocrático y legal para contar con todas las garantías que exige la Administración a este tipo de viviendas, todo eso supone tiempo, dinero y poca rentabilidad".