LD (L. Ramírez / M Llamas) La economía española tiene un elevado nivel de burocracia derivado de la existencia de 17 comunidades autónomas que legislan en sus territorios y que, incluso, gozan de independencia para determinar la fiscalidad de determinados tributos. Las empresas extranjeras que acuden a España encuentran aquí una importante barrera para la inversión, lo que también ocurre en el caso de las compañías españolas que quieren tener presencia en más de una región.
Aunque esto no es algo que perjudique sólo al sector privado empresarial, ya que los ciudadanos pagan distintos tributos en función de la comunidad autónoma en la que vivan y trabajen, llegándose a observar diferencias notables en impuestos que, en teoría, no deberían depender del territorio en el que se cobren dentro de un mismo país. Este es el caso, por ejemplo, del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Los gobiernos autonómicos de Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla- La Mancha, Cantabria y País Vasco son las regiones en las que es más caro rendir cuentas con Hacienda, según los datos del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF).
El estudio de este órgano especializado del Consejo General de Economistas emplea para hacer este cálculo un “caso tipo” de una familia integrada por los cónyuges, casados en régimen de gananciales, con una hija de 4 años y un hijo de 8 meses. El marido (de 31 años, obtiene como rendimientos del trabajo 20.000 euros y la esposa (29 años) gana 22.000. Son propietarios de vivienda habitual habiendo pagado ya 6.000 euros de hipoteca.
En este supuesto, si la pareja vive en Extremadura, Andalucía, Aragón, Castilla- La Mancha, Cantabria o País Vasco deberán pagar a Hacienda más de 3.000 euros por IRPF. En este mapa se desglosa los resultados regionales en el conjunto de España:
Fuente: REAF
De esta forma los fiscalistas ponen el dedo en la llaga y alertan del caos que se genera con el nuevo modelo autónomico. Los técnicos del REAF hacen cuatro principales críticas al sistema nacional tributario:
1. Se sigue legislando mucho y en algunas autonomías ya se hace difícil saber cuál es la norma vigente en cada ejercicio.
2. El sistema tributario que sostiene la financiación de las CCAA tiene que cambiar necesariamente, ya que uno de sus pilares, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se desmorona por la crisis inmobiliaria.
3. En realidad, los tributos que sostienen la financiación autonómica son los compartidos con el Estado (IRPF, IVA e II.EE.).
4. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones necesita un cambio profundo, empezando por su obsoleta tarifa.
Los fiscalistas no se limitan a advertir los puntos negros de la fiscalidad española, sino que realizan propuestas para encarar de la mejor manera la crisis económica.
A este respecto, consideran necesario que Hacienda rebaje el interés de demora fijado en un tipo del 7% para 2009 “que, a todas luces, es demasiado elevado en relación al valor de mercado al que prestan las entidades bancarias. Es obvio que no parece razonable mantener un tipo que se incluyó en el proyecto de ley de Presupuestos cuando la condiciones del mercado eran muy diferentes y que está provocando el encarecimiento de aplazamientos y fraccionamientos justo cuando más se tenían que facilitar”.
La Administración Pública debe pagar sus deudas
Además, piden que se aplacen las deudas tributarias superiores a 6.000 euros sin necesidad de prestar garantías. Estableciendo un límite más elevado, las empresas podrían tener un alivio financiero del que ahora no disponen por la imposibilidad de conseguir aval bancario.
En esta línea, se podría posponer las deudas fiscales demostrando que la empresa tiene créditos pendientes contra Administraciones públicas. Es relativamente frecuente que una persona o entidad tenga que ingresar, por ejemplo, el importe correspondiente al IVA de una obra entregada y no cobrada a un Ayuntamiento, encontrándose con dificultades para aplazarlo. La AEAT podría establecer un sistema rápido para conseguir aplazamientos en estos casos en los que el cobro está asegurado.
Los técnicos del REAF solicitan también que se abra una línea de crédito a las Administraciones locales para que paguen rápidamente las deudas a sus proveedores de bienes y servicios y que, de esta forma, estos empresarios cuenten con liquidez para poder acometer otros proyectos.
Y en el Impuesto sobre Sociedades, con el fin de capitalizar nuestro tejido empresarial, se podrían arbitrar medidas de reducción de la base imponible a condición de dotación de reservas indisponibles excepto para su materialización en determinadas inversiones. Con ello, además de incentivar la capitalización de las empresas, se podría canalizar la política de inversiones en sectores más productivos o que creen más empleo.
En materia de innovación, los expertos consideran vital revisar la intención de suprimir las deducciones por I+D+i en 2012, ya que “parece contradictorio que, cuando pretendemos cambiar nuestro modelo de desarrollo económico, liquidemos un incentivo fiscal que siempre se ha estimado como muy potente”.
Financiación autonómica
En materia de financiación regional, el REAF recuerda que los nuevos modelos de financiación autonómica y local “deberían implantarse después de una reflexión sobre el sistema tributario en su conjunto. Lo más conveniente sería eliminar o restar, al menos, peso específico a gravámenes como Operaciones Societarias, que dificulta la creación y flexibilidad de las empresas, o a Actos Jurídicos Documentados, que encarece el proceso productivo inmobiliario”.
Para incrementar la productividad, los fiscalistas señalan que “sería conveniente tomar medidas que disminuyan los costes ligados a la burocracia que han de soportar nuestras empresas”. Por ello, reiteran su propuesta de unificación de los programas de ayuda a la declaración del Impuesto sobre Sociedades y de depósito de cuentas anuales en el registro mercantil, “toda vez que ambos se nutren de una información similar a pesar de que de ella se obtengan documentos con diferente finalidad y destinatario”.
Asimismo, y en la misma línea, los técnicos proponen que se reúnan las diferentes páginas web tributarias de las distintas Administraciones en un solo portal y contando con los mismos mecanismos de colaboración social para todas ellas. Facilitar y potenciar la facturación electrónica rebajando requisitos formales a la misma. Paralización de medidas que aumentan la presión fiscal indirecta como la generalización del modelo 340, de transmisión de los datos de los libros registro de IVA, prevista para 2010, o de nuevos requerimientos de datos en el modelo 347.