L D (Agencias) El grupo de expertos encargado de la reforma de los medios de comunicación estatales, el llamado "comité de sabios", ha entregado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, su dictamen sobre RTVE y el resto de medios de titularidad pública.
Presidido por Emilio Lledó, el grupo de expertos lo componen, además, Enrique Bustamante, Victoria Camps, Fernando González Urbaneja y Fernando Savater. Según la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el informe contempla un equilibrio financiero entre la ayudas del Estado y los ingresos comerciales.
Aumento de subvención del Estado y asunción de la deuda
El Informe parte de la asunción de la deuda histórica por el Estado (7.500 millones de euros) y la prohibición estricta del endeudamiento financiero. Se recomienda una estimación rigurosa del coste neto del servicio público en cada contrato-programa trianual, con un sistema de contabilidad analítica que garantice la transparencia financiera y el desglose del dinero público de los ingresos comerciales. De esta forma, habría una aportación pública a través de los Presupuestos Generales del Estado, que se destinaría sólo a lo considerado servicio público, y otros ingresos que servirían para financiar programas que no sean considerados como "servicio público".
El nuevo modelo financiero mixto propone la aplicación en RTVE de porcentajes indicativos para las fuentes financieras de acuerdo con la realidad europea y española: entre el 10 y el 15 por ciento para la venta de programas y productos; con un esfuerzo comercial, en torno al 40 por ciento para los ingresos publicitarios, y el 45-50 por ciento para la aportación estatal (actualmente la aportación estatal directa era del 5 por ciento).
También aducen que para compensar el efecto de la financiación pública sobre la competencia comercial y reforzar la programación de servicio público, la publicidad se reduciría progresivamente en cuatro años, para impedir que la presión comercial desnaturalice el servicio público muy por debajo de lo permitido a las cadenas comerciales, pasando de los 12 minutos actuales a 9 minutos por hora como máximo. Así, la publicidad no podría superar 10 por ciento del tiempo en TVE-1 y sólo podría ser en forma patrocinios para La2 y RNE.
Además, el comité propone crear un holding público para RTVE, como nueva entidad jurídica desligada de SEPI, y que implicaría la creación de dos nuevas sociedades, junto a TVE y RNE: RTVE Comercialización y Publicidad, que potencie la venta de programas y productos, y RTVE Digital y Multimedia, para liderar la transición hacia el mundo digital.
Propuestas sobre el director general
El informe propone que el director general lo nombre un consejo de administración de nuevo cuño mediante convocatoria pública. Esta medida, que pretende reforzar la independencia de la dirección de RTVE respecto del Gobierno, implica que el mandato de este cargo se prolongue durante seis años; además será elegido por mayoría de dos tercios por un nuevo consejo de administración y no a propuesta del Gobierno, sino por convocatoria pública. Cuatro miembros del consejo los elegirá el Parlamento a propuesta de al menos la mitad de los grupos y por mayoría de dos tercios; otros dos los elegirá el consejo audiovisual, y dos más los sindicatos mayoritarios.
Solbes recuerda que una televisión pública cuesta dinero
A este respecto y antes de la entrega del documento, el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, manifestaba a Europa Press que una televisión pública cuesta dinero; “por eso, hay que definir cuál es la dimensión de la televisión pública que queremos y, segundo, esa televisión pública que cuesta equis recursos, compite con otras prioridades que tienen que ver con la educación, con las carreteras, con las pensiones..., y ahí si hay una responsabilidad del Gobierno de definir cuánto dinero atribuye a cada uno de esos objetivos".
De la Vega dijo que informará de este documento al Consejo de Ministros en su próxima reunión, y anunció que se creará un grupo de trabajo para transformar este texto en un borrador de anteproyecto, y también una comisión interministerial que trabajará de forma inmediata para llevarlo al Parlamento.