LD (Europa Press) El Gobierno regional solicitó al Alto Tribunal que, como medida cautelar, paralizara el traslado de la sede de la CMT a Barcelona hasta que se resolviera el contencioso administrativo, ya que la ejecución del traslado "podría hacer perder la finalidad legítima del recurso" y supondría un grave perjuicio "de difícil reparación" para el propio organismo regulador, sus trabajadores, los operadores de telecomunicaciones, el sector de las telecomunicaciones en general, y para la Comunidad de Madrid.
Asimismo, la Comunidad de Madrid consideró que el cambio de sede acordado en el Real Decreto 2397/2004, de 30 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio vulneraba los límites de la potestad discrecional de autoorganización del Gobierno por "falta de causas jurídicas, técnicas, económicas o de cualquier otra índole que aconsejaran la medida".
Otro de los argumentos que condujo a la Comunidad madrileña a la presentación del recurso fue la consideración de que el traslado supondría una "desviación de poder", además de considerar que era "arbitrario" y "vulneraba los principios de eficacia, descentralización y buena administración", ya que alejaba al organismo regulador de sus administrados.
Por esta razón, la Comunidad de Madrid consideró que la medida adoptada unilateralmente por el Gobierno no era "una descentralización" sino una "deslocalización". En este sentido, el recurso señalaba que la decisión del traslado de la sede de la CMT a Barcelona había causado "ya" una auténtica "convulsión" en un estratégico sector de la economía nacional con consideración de "servicio de interés económico general".
Así, el recurso subrayaba que "entre el 80% y el 90% de las empresas de telecomunicaciones tienen sus sede en la capital de España, entre otras razones, por la cercanía con el regulador y las restantes autoridades nacionales de reglamentación, así como de las demás instituciones del Estado".
Además, la Comunidad consideraba que el traslado se había acordado "en un momento crítico" para el sector "en pleno proceso de implantación del nuevo marco regulador comunitario de las comunicaciones electrónicas y a la espera de la definición de los mercados de referencia y de la designación de los operadores con poder significativo en dichos mercados" por lo que suponía "una amenaza para la competitividad de las empresas españolas".
En cuanto a las consecuencias negativas para el organismo regulador, el recurso señalaba que la decisión del Gobierno lesionaba "gravemente" la independencia y autonomía de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y suponía "un precedente para futuras injerencias en este y en otros sectores estratégicos de la economía".
El recurso señalaba, además, que las operaciones necesarias para llevar a cabo el traslado supondrían "un retraso considerable del ritmo de trabajo" y generaban "evidentes perjuicios para los trabajadores", provocando "la fuga de personal cualificado difícil dereponer en el mercado laboral dada la especialización necesaria requerida".
Por último, el Gobierno regional consideró que el traslado de la sede afectaba "al ámbito de la autonomía política, competencial y financiera de la Comunidad de Madrid" y apuntaba que se trataba de "una decisión sin precedentes en la Historia de España".