El Gobierno ha abandonado por unos días la propaganda socialista (de derechas e izquierdas) que critica a los inversores que deciden arriesgar su dinero para obtener una determinada rentabilidad. Para el que todavía no lo sepa, en sentido extenso, toda forma de inversión es especulativa, ya que a través de la búsqueda del beneficio se ajustan los precios, logrando que se acerque el valor de un determinado producto al que determinan oferta y demanda (el real), sin que los políticos metan sus sucias manos en el proceso.
Y ¿por qué Zapatero, Salgado y sus secuaces cambian el discurso? Fácil, porque a estos inversores, que hace un mes eran criminales, hay que pedirles el dinero para salvar a España de la quiebra. Y no sólo son entidades financieras, sino familias que invierten en Bolsa y pensionistas que tienen algún plan de jubilación.
Para saber el grado de confianza que tienen estos compradores (o vendedores) de deuda en el presente y futuro de España existe una variable que se llama la prima de riesgo. Mide la diferencia entre el interés que hay que pagar por el bono español a diez años y el alemán, que se supone el más seguro. Pues bien, este indicador muestra que la desconfianza sobre la solvencia de España alcanza su máximo en 15 años.
Es decir, que nadie confía en que el Gobierno pueda hacer frente a los pagos futuros. Este es el mayor peligro al que se enfrenta España, ya que este año los inversores tienen que compran más de 64.000 millones de deuda pública para que España no entre en suspensión de pagos.
Disculpen si he utilizado términos y conceptos excesivamente técnicos, pero es necesario que conozcan todo esto para que puedan comprender lo que está pasando y lo que está por venir. La economía es una ciencia que está diseñada para que los ciudadanos no la comprendan: sólo así los gobiernos y los oligopolios financieros respaldados por la banca central pueden seguir estafándoles sin que sepan que les están robando. Como les he comentado en alguna ocasión son como vulgares carteristas, pero con traje y corbata.
Pues bien, resulta que "diez grandes fondos de inversión amenazan con dejar de comprar deuda española" por la pérdida de la máxima calificación. La máxima nota que conceden las agencias que examinan las emisiones de deuda pública es la triple A (AAA) y España la ha perdido por el despilfarro y el derroche sistemático del Gobierno. España ya no pertenece al selecto club de países donde los principales inversores internacionales meten su dinero. Lo cuenta El Economista en su edición de hoy.
El tema también aparece en la portada de Expansión, pero con un enfoque diferente. El diario salmón avisa: "se encarecen los préstamos entre los bancos españoles". Resulta que las entidades no pueden pedirse dinero entre sí, porque nadie sabe los cadáveres inmobiliarios que tienen los demás en sus armarios, en forma de viviendas, solares y préstamos impagados. La cantidad supera los 300.000 millones de euros.
Hasta Cinco Días admite en su primera página que la mala situación de las finanzas públicas está dando la puntilla al sector financiero. "Banco Pastor dice que el riesgo país ya penaliza la liquidez de la banca". Esto en cristiano quiere decir que las dudas sobre la solvencia de España provoca que nadie quiera saber nada de los bancos españoles en el exterior.
Las entidades financieras extranjeras se apartan de los bancos y cajas de ahorros que están afectados por la gripe española, una enfermedad que ha sido incubada gracias a dos virus sobradamente conocidos (Pedro Solbes y Elena Salgado) y extendida por su jefe en La Moncloa:
Despido más barato y modelo austriaco
Con este panorama España debe pasar su primer examen en Bruselas desde la aprobación del plan de ajuste (ya saben, el que castiga a funcionarios, dependientes y pensionistas). Salgado debe convencer la próxima semana a sus colegas europeos de que nuestra economía no se va al garete.
Para ello va a presentar la reforma laboral que aprobará el Gobierno por decreto si los sindicatos y patronal no se ponen de acuerdo. Será una reforma light que supondrá perder una oportunidad de oro para quitar el poder a los parásitos sindicales y a la casta de la patronal, que viven del trabajo de los demás.
El Economista asegura que "el Gobierno abarata el despido a 33 días y aplicará el modelo austriaco". El diario hace referencia al sistema en la empresa va poniendo todos los meses dinero en una especie de fondo para que, en el caso de que el trabajador se vea obligado a dejar su puesto de trabajo, pueda acceder a las cantidades ahorradas hasta ese momento. Si el empleado no es despedido nunca cuando llega la edad de jubilación también puede recuperar el importe íntegro que se encuentre en el citado fondo.
Es un buen sistema, pero el ministro de Trabajo, el ilustre Celestino Corbacho, quiere que el Estado (es decir, todos los contribuyentes) pague una parte del coste de la indemnización. Habrá que esperar a ver el texto definitivo, pero no se preocupen, cuando lo publique El País o Público yo se lo traigo. El documento existe, porque el ministro de Fomento, José Blanco, dice que "la reforma laboral ya está decidida".
Para terminar déjenme que haga dos breves apuntes. En primer lugar quiero destacar la esquizofrenia de Cinco Días, que después de pedir durante semanas que se suba los impuestos a las rentas altas (medias en realidad) se enfada ahora porque el gobierno nacional socialista de Montilla eleve el IRPF.
En su Editorial el económico de Prisa señala que "aunqueno se puede despreciar ni un euro para recomponer las arcas públicas, lo cierto es que las cantidades que se prevén recaudar por el nuevo impuesto son irrelevantes comparadas con las magnitudes de los déficits que se manejan. Esto hace sospechar que la solución adolece de un componente de imagen y, sobre todo, de una precipitación preocupante".
En segundo lugar quiero celebrar una magnifica noticia. Expansión revela que "la Ley de Economía Sostenible demora por sexta vez su tramitación en el Parlamento". Celebro que esta norma se retrase y confío en que finalmente no sea aprobada, ya que es una ley intervencionista que atenta contra los derechos de los ciudadanos, especialmente sobre sus libertades, y que supone un paso más hacia el régimen totalitario ecolojeta que se intenta imponer a nivel mundial. Si quieren conocer su ideario lean el libro de Juan Costa: una revolución imparable, más bien impagable, diría yo.