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Noticia publicada el 12-01-2009
(Libertad Digital) Las VPO que se compren para volver a ponerse en el mercado serán las pertenecientes a promociones de la Generalitat o de las cajas de ahorros que firmen el acuerdo, en su gran mayoría catalanas, según las mismas fuentes.
Fuentes del Gobierno de Cataluña cifran en unas 300 viviendas las que podrán encontrarse en situación de impago y que podrán volver a venderse. Esto supone el 2% de las 15.000 viviendas que está previsto que salgan al mercado este año.
A tenor de los datos de precios que publica trimestralmente el Ministerio de Vivienda, una vivienda protegida de 90 metros cuadrados en Cataluña cuesta 114.840 euros, por lo que los 300 pisos tienen un valor que ronda los 34,4 millones de euros. Este volumen de dinero será desembolsado por la Generalidad, es decir, por los contribuyentes catalanes.
Fuentes del Gobierno de Cataluña cifran en unas 300 viviendas las que podrán encontrarse en situación de impago y que podrán volver a venderse. Esto supone el 2% de las 15.000 viviendas que está previsto que salgan al mercado este año.
A tenor de los datos de precios que publica trimestralmente el Ministerio de Vivienda, una vivienda protegida de 90 metros cuadrados en Cataluña cuesta 114.840 euros, por lo que los 300 pisos tienen un valor que ronda los 34,4 millones de euros. Este volumen de dinero será desembolsado por la Generalidad, es decir, por los contribuyentes catalanes.
Está previsto que el convenio se aplique desde este año, y supondrá que cuando una familia beneficiaria de un piso protegido deje de pagar las cuotas de la hipoteca repetidamente, el Ejecutivo de la Generalitat lo comprará, en vez de pasar a manos del banco o caja que haya dado el crédito. Y es que, tal y como avanzó Libertad Digital el pasado octubre, la avalancha de embargos está dificultando a la banca la colocación de los pisos mediante subasta.
El presidente de la Generalitat, José Montilla, destacó este lunes, en la firma de un convenio marco de colaboración con las cámaras de comercio catalanas, que uno de los principales problemas actuales sigue siendo la falta de crédito para familias y empresas, y que el Gobierno "sigue trabajando" y preparando nuevas medidas para que el dinero llegue a las empresas y los ciudadanos.
Los contribuyentes pagarán la factura
Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda explicaron a Europa Press que esta iniciativa de la Generalidad busca incentivar que se otorguen hipotecas a los beneficiarios de VPO sin miedo a los impagos, ya que si se produce morosidad, la Generalidad (es decir, todos los contribuyentes catalanes) comprará el inmueble y saldará la deuda.
A parte de incentivar el crédito, destacaron que en los casos en que el adjudicatario no pueda pagar la hipoteca y pierda el piso, no se quedará "en la calle", porque la Generalitat pondrá a su disposición otras ayudas que ofrece para personas con pocos recursos.
