El turismo, la primera industria del país, se tambalea por culpa de los controladores aéreos. Las pérdidas ocasionadas por la huelga de este puente de diciembre al conjunto de sectores implicados –aerolíneas, hoteles, restauración, ocio y comercio minorista– podrían ascender a 400 millones de euros, según estimaciones realizadas por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) para el diario Expansión.
Otras fuentes, como la agencia Reuters, situaban las pérdidas en 350 millones de euros. Sólo las aerolíneas dejan de ingresar 80 millones de euros por un día sin volar.
"El injustificable bloqueo del tráfico aéreo español se ha producido en uno de los momentos álgidos para el sector del turismo, el puente de la Inmaculada. Se trata de uno de los pocos sectores que sigue creciendo. El bloqueo constituye un alto coste que podríamos estimar en unos 400 millones de euros, pero que puede tener consecuencias mucho mayores por el descrédito para la imagen de España. Se ha dado al exterior no sólo una imagen de crisis económica, sino también de crisis institucional", insiste el director del IEE, Juan Iranzo en el periódico de Unidad Editorial.
"La tranquilidad en la Navidad puede estar asegurada si el estado de alarma se extiende estos quince días y otros quince más, si lo confirma el Parlamento. Pero, ¿y después, qué?", reflexiona una fuente del sector aéreo. De momento, las compañías no esperan que se produzca un aluvión de cancelaciones ante las Navidades, aunque todas dan por perdido el puente de la Constitución..
Por otra parte, Expansión publica que Cremades & Calvo-Sotelo presentará una reclamación colectiva de 2.000 personas por hasta 10.000 euros por damnificado. Fomento eleva a 600.000 los afectados y los juristas ven responsabilidad en Aena y en los controladores.
Si se tiene en cuenta que Fomento ha cuantificado en 600.000 el número total de afectados, en el caso de que todos reclamaran, la demanda ascendería a 6.000 millones. "Por supuesto, los expertos señalan que este es un escenario ficticio, ya que nunca se presentarán todos los implicados de forma conjunta", aclara el diario.
"Las consecuencias jurídicas producidas por el cierre del espacio aéreo son múltiples. Existe una vertiente de reclamación de daños y perjuicios, una esfera penal por los posibles delitos que se hayan podido cometer y una compleja discusión laboral que no se debe perder de vista. Los juristas detallan las principales aristas legales".
Por su parte, Cinco Días también dedica su portada de este lunes el caos aéreo del fin de semana, aunque prefiere destacar que "el conflicto de los controladores condiciona la privatización de Aena". El periódico considera que la "vuelta a la normalidad no oculta los destrozos" provocados en el sistema de navegación aérea. Los 442 controladores expedientados y militarizados junto a sus 1.600 compañeros, "siguen en sus puestos y hoy son insustituibles".
A este respecto señala "que la resaca del conflicto condicionará la transformación de AENA: su privatización, la desregulación de las torres y la revolución del 'cielo único', son tareas para 2011".
Aunque ningún medio de comunicación hable de ello, es necesario apuntar un enfoque distinto para completar una explicación rigurosa de lo ocurrido entre controladores y Gobierno. El ministro de Fomento, José Blanco, está usado como cortina de humo al colectivo de los controladores aéreos para ocultar o, al menos, tratar de desviar la atención pública y mediática de dicho objetivo. Un proceso que surge como necesidad imperiosa ante la deficitaria gestión pública llevada a cabo por AENA a lo largo de los últimos años.
Lo contaba Manuel Llamas en LD hace unos meses: "la construcción y ampliación de aeropuertos ha situado a AENA en una posición financiera crítica e insostenible, con unos números rojos en constante crecimiento desde hace años. De los 47 aeropuertos españoles, más de 30 son deficitarios. La rentabilidad del sistema es ruinosa".
Habrá que esperar a ver quien se hace con la parte de Aena que pone en venta el Gobierno -y en qué condiciones- para arrojar más luz sobre las intenciones de Blanco. Por el momento, tanto el ministro de Fomento como el vicepresidente Rubalcaba, se ganan a la opinión pública con su demagogia de salón y demonizan a un colectivo que hasta ahora ha gozado de privilegios gracias, precisamente, al respaldo del sector público. Para terminar permítanme una pregunta: ¿por qué no militarizó Fomento los servicios del metro de Madrid cuando CCOO y UGT no cumplieron los servicios mínimos?... "si revienta Madrid, que reviente".