España cuenta con uno de los mercados laborales más rígidos del mundo superando, incluso, a países tercermundistas como Zimbabue o Ghana. En concreto, el grado de flexibilidad español ocupa el puesto 160 del ranking internacional, según datos del Banco Mundial correspondientes a 2009. Así pues, no es de extrañar que la actual tasa de paro (20,05% en el primer trimestre) se sitúe a la altura de países como Kirguizistán, Sudán, Santa Lucía o Cabo Verde.
El problema es que la actual normativa laboral destila “grandes dosis de intervencionismo ya que, básicamente, consolidó las relaciones intervenidas del régimen anterior” (franquismo), según señala el último informe de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes). Por ello, dicha normativa laboral, “antigua y rígida”, constituye un “lastre” que, en particular, se materializa en cuatro grandes problemas, según esta entidad.
1. Dos décadas sin creación de empleo
Entre 1976 y 1996 el PIB creció en términos reales -descontada la inflación- un 55,6%. Dicho avance debería haberse reflejado en aumento de empleo. Sin embargo, no fue así: España contaba con 12.780.000 ocupados en el tercer trimestre de 1976, mientras que a principios de 1996 la cifra era de 12.620.000, es decir, 160.000 menos que veinte años atrás.
2. Desproporcionada destrucción de empleo
La burbuja inmobiliaria vivida en la última década causó una fuerte creación de empleo, hasta el punto de que el número de ocupados escaló hasta los 20 millones a mediados de 2007. Sin embargo, “los problemas de contar con un marco laboral rígido y anticuado han vuelto a hacerse sentir de manera dramática en la crisis económica actual”, indica Faes.
Así, según datos de la oficina estadística de la Comisión Europea (Eurostat), desde el verano de 2007 en España se han destruido 1.878.200 empleos, el 72,8 % y el 45,5 % de todo el empleo perdido en la zona euro y en la UE-27, respectivamente, en el mismo periodo.
La magnitud de la destrucción laboral en España no tiene parangón en la UE: “Desde el verano de 2007 hasta finales de 2009 se destruyeron 2.580.000 empleos en la zona euro, de los que 1.880.000 se perdieron en España. En el mismo periodo las caídas del empleo en Italia, Reino Unido y Francia fueron 3,8; 4,3 y 6,7 veces inferiores a las generadas en España.
Y la comparación con Alemania es aún más sugerente puesto que, pese a sufrir una caída del PIB superior a la española durante los más de dos años de crisis, se crearon 664.900 empleos netos en el mismo periodo, frente a la destrucción de casi 1.900.000 en España.
Este hecho pone “aún más en evidencia la escasa calidad de nuestro entramado laboral”, según estos expertos, ya que con una caída menor del PIB la destrucción de empleo ha sido muy superior a la del resto del mundo occidental.
3. Dualidad y destrucción de empleo temporal
La crisis también ha puesto de manifiesto las grandes distorsiones existentes a nivel de contratación. Así, la destrucción de empleo temporal en España comenzó en el primer trimestre de 2007, pese a que el PIB real todavía crecía a ritmos cercanos al 3,8 % interanual.
Por el contrario, la destrucción en el empleo indefinido tan sólo comenzó a registrarse en el primer trimestre de 2009 -dos años después-, cuando la economía española ya llevaba tres trimestres consecutivos con crecimientos negativos del PIB.
Además, la destrucción de empleo indefinido ha sido, hasta el momento, de una magnitud muy inferior a la producida en el caso del empleo temporal.
4. Salarios inmunes a la crisis
Al mismo tiempo, al estar los empleados indefinidos relativamente protegidos frente a la destrucción laboral, y al centrarse los sindicatos en la defensa de éstos frente a los asalariados temporales o parados, el salario medio de este tipo de trabajadores creció cerca de un 3% en 2009 pese a la fuerte contracción económica.
Reforma laboral
Todo ello pone de manifiesto las graves deficiencias que existen en el mercado laboral como resultado de la rigidez que imprime el sistema normativo. Así pues, la reforma laboral debe incidir en una serie de puntos clave, tal y como destaca Luis Garicano, analista de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). “Una reforma laboral suficiente debe cumplir cuatro mínimos indispensables”:
1. Descentralizar la negociación colectiva
El paro se crea cuando el valor de lo que los trabajadores producen es inferior a su coste laboral (salarios). El problema es que los sueldos en España no reflejan ni la productividad, ni la oferta y demanda de empleo.
2. Abaratar el despido de indefinidos
La actual normativa encarece enormemente el coste del despido. Y es que, el empresario aplica, normalmente, las condiciones que establece la figura del “despido improcedente” (45 días por año trabajado) para evitar los costes judiciales y legales de los otros tipos de despidos. Así, pese a la situación de crisis económica, “el 89% de los despidos de indefinidos se llevan a cabo como despidos improcedentes de 45 días por año”, indica Garicano.
La propuesta de reforma laboral presentada por el Gobierno incluye una particular fórmula para abaratar este coste: más despidos procedentes por motivos económicos.
3. Abaratar la contratación
“Ninguna reforma laboral puede incrementar el coste de contratar trabajadores”, incide Garicano. Es necesario simplificar el marco de contratación en España mediante una fuerte aproximación entre la protección de los contratos indefinidos y los temporales.
El objetivo último consiste en establecer un “contrato único de trabajo”, de vigencia indefinida, y con costes de despido progresivos en función del número de años trabajados, según los expertos de Faes y Fedea -modelo similar al denominado contrato austríaco-.
4. Reformar las políticas activas de empleo
En la actualidad, la formación continua de los trabajadores y parados está en manos de sindicatos y empresarios. Faes propone reforzar el papel de las agencias privadas (ETTs) en el ámbito de la formación e intermediación laboral (búsqueda de empleo).
Por su parte, desde Fedea se propone la aplicación del modelo danés, basado en el principio de “derecho y deber”: las personas tienen derecho a que el Estado les mantenga un determinado nivel de renta, pero también tienen la obligación de buscar activamente empleo y de estar dispuestos a trabajar.
“Por tanto, casi desde el momento en que el trabajador se queda parado, la oficina de empleo hace un seguimiento de su proceso de búsqueda y le ayuda a mejorarla, le ofrece cursos de formación y puede retirarle las prestaciones por desempleo si no los sigue o si rechaza varias ofertas de empleo adecuadas para su cualificación”, indica Garicano.
Asimismo, los trabajadores deberían elegir libremente su formación. ¿Cómo? Una posible fórmula sería que el 0,7% del salario que la Seguridad Social destina a cursos de formación revierta directamente en el trabajador mediante una especie de “cheque”. De este modo, en lugar de asistir obligatoriamente a cursos fantasma, el parado podría hacer uso de este dinero para elegir libremente la formación (pública o privada) que estime conveniente.