LD (M. Llamas) El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el domingo la puesta en marcha de una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO), dotada con 3.000 millones de euros, para avalar las facturas de pymes y autónomos, así como los cobros pendientes de los ayuntamientos con las empresas.

Sin embargo, hasta el momento, las líneas de liquidez aprobadas por el Gobierno a través del ICO no llegan con la suficiente fuerza a las pequeñas y medianas empresas (pymes), según vienen denunciando desde hace meses las patronales. La causa de este fracaso radica en el creciente volumen de impagos que afronta el tejido empresarial español.

Así, el Ejecutivo anunció como una de sus medidas estrella contra la crisis la puesta en marcha de la línea ICO Liquidez-Pyme, que tiene por objetivo garantizar el circulante de las empresas ante la sequía de financiación crediticia (credit crunch). Esta línea pone a disposición de los autónomos y las Pymes 10.000 millones de euros, de los cuales 5.000 millones son aportados por el ICO y otros 5.000 millones por las entidades de crédito.

Sin embargo, para acceder a la financiación avalada por el Estado la empresa solicitante debe "estar al corriente de pago" con la entidad financiera en la que demande la citada línea del ICO, según establece la citada línea oficial. Un requisito que, hoy por hoy, incumplen muchas empresas españolas debido a la oleada de impagos y retrasos que sufren en sus cuentas.

Problemas de circulante

Efectivamente, "la máxima prioridad para las Pymes es el acceso a la financiación para circulante", según el 93,3% de las empresas consultadas el pasado marzo, tal y como refleja una encuesta elaborada por el Consejo Superior de Cámaras de Comercio. El cierre del crédito privado ha obligado a 379.000 empresas -el 28% del total de Pymes demandantes de financiación externa en marzo- a solicitar líneas del ICO en busca de financiación. Y de éstas, más de la mitad (57,1%) encontró dificultades para acceder al crédito público.

El motivo radica en el importante aumento del riesgo que tienen las empresas de no poder atender a sus compromisos financieros. Así, el 46,3% opina que este riesgo ha aumentado con respecto a antes de la crisis, conforme las ventas se reducen y los impagos de clientes y proveedores se multiplican. Algo que, como resultado, también se traslada a un aumento (84%) en la valoración del riesgo de las empresas por parte de la banca.



Más de 1 millón de empresas sufre retrasos en los pagos

En concreto, el 85,5% de las Pymes que han solicitado financiación bancaria (1.157.000 empresas) en los últimos 3 meses ha sufrido retrasos en los pagos de sus clientes. Mientras, el 84,2% de las empresas que son proveedoras de la Administración Pública (162.000) ha tenido problemas para cobrar sus facturas y ha sufrido importantes retrasos -plazo superior o igual a 6 meses-, según la encuesta. Los municipios aglutinan el 56,1% de estos impagos, las comunidades autónomas el 45,6% y el gobierno central el 12,3%.

Es decir, los impagos afectan a la inmensa mayoría de las medianas y pequeñas empresas españolas. Un problemas que afecta directamente a los flujos de dinero de las compañías. De ahí que muchas se vean obligadas a aplazar a su vez pagos y facturas y, al no estar al día de sus pagos corrientes, la puerta del crédito, tanto público como privado, se cierra. Además, según la citada encuesta, la mayor parte de las Pymes (81,3%) considera que las condiciones establecidas para acceder a las líneas del ICO son muy complejas.