(Libertad Digital) La apuesta de España por la incorporación al mercado único europeo fue una gran reforma estructural que modernizó el tejido empresarial nacional e impulsó el crecimiento. Sorprendentemente, después de que la economía española se incorporara eficazmente al mercado único europeo –sin fronteras, sin barreras arancelarias, y con libertad para la circulación de bienes y servicios–, se están levantando nuevas barreras, esta vez internas: la actual deriva del proceso de descentralización autonómica está provocando la fragmentación del mercado nacional.
Por ello, está en riesgo la unidad de mercado en España, y lo está por la proliferación de normas autonómicas que segmentan los mercados, elevan los costes de transacción, dificultan la movilidad, impiden extraer los frutos de un mercado amplio y, en definitiva, lastran el crecimiento económico y la creación de empleo.
Esta es la principal conclusión de un informe realizado por los profesores de Economía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Rocío Albert y Rogelio Biazzi. El estudio ha sido publicado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes) bajo el título: “La torre de babel de las comunidades autónomas”.
El Estado tiene un importante papel en la sociedad, con funciones tan básicas como la de establecer un marco institucional adecuado para que la economía funcione de manera eficiente. Las regulaciones –cualquiera que sean sus justificaciones y objetivos– tienen un impacto más allá de su área de control y producen efectos no intencionados sobre el conjunto de la economía.
El ejemplo más reciente y dramático lo tenemos en las inesperadas consecuencias sobre el sector financiero internacional de las políticas de promoción de acceso a la vivienda en los Estados Unidos, impulsadas a principios de los años noventa. Así como la discrecionalidad con la que los bancos centrales fijan el precio del dinero. El sector financiero es el más intervenido del mundo.
En este contexto, el informe destaca que el ambiente regulatorio en el que se desempeña la actividad económica es uno de los factores institucionales que ejerce una influencia clave en la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo. Por lo tanto, la mano invisible del mercado requiere el auxilio de unas reglas de juego bien establecidas, que podemos denominar “instituciones”.
La productividad total de los factores –que, a la larga, determinan el potencial de crecimiento económico– está íntimamente relacionada con la regulación y el grado de liberalización de la estructura productiva. Así, la existencia de instituciones de calidad es condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar un crecimiento económico a largo plazo.
“La sobreabundancia regulatoria podría indicar un mayor grado de intervención estatal que, además de frenar el pleno desarrollo económico, constituye un recorte de las libertades individuales. Por eso, la preocupación debe ser doble: ¡cuidado con el exceso de regulación y con la mala calidad institucional!”, señalan los profesores que han realizado el informe.
El peligro de la pérdida de unidad de mercado
Si tenemos en cuenta que el proceso de descentralización española tiene apenas treinta años de existencia, y que muchas transferencias de competencias a las comunidades autónomas son mucho más recientes, las diferencias regulatorias y el grado de intervencionismo público entre las economías regionales son muy importantes y demuestran que tienen un impacto significativo sobre la actividad económica. Y todo indica que estas diferencias seguirán aumentando en los próximos años.
El informe revela que la Comunidad de Madrid es la que obtiene el primer puesto en el ránking del índice de libertad económica, gracias a las reformas emprendidas en los últimos años. Comunidades como Extremadura, Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha ocupan los últimos puestos, poniendo de manifiesto que en ciertas autonomías de la geografía española la actividad económica se basa fundamentalmente en la actividad pública, lo que impide que la iniciativa privada contribuya más a la creación de empleo y al crecimiento.
Los resultados obtenidos por los profesores de la UCM muestran que existe una correlación directa entre libertad económica y nivel de renta per cápita.
Entre las ventajas de la descentralización, siempre se ha mencionado que permite que las autonomías puedan desarrollar sistemas regulatorios adaptados a sus propias características y a las necesidades de sus ciudadanos gracias al mayor grado de cercanía entre la Administración autonómica y los administrados. Sin duda, entre los aspectos positivos de la descentralización autonómica destaca uno: la competencia institucional.
El problema de la quiebra de la unidad de mercado surge cuando los Gobiernos intentan impedir la competencia, no cuando diseñan instituciones que fomentan la actividad económica en un marco de libre movilidad de los agentes económicos.
La existencia de regulaciones distintas permite a las empresas y a las personas elegir entre diferentes alternativas en busca de un tratamiento más beneficioso. La competencia institucional genera, por tanto,movilidad de personas, de empresas y de capitales en búsqueda de una mayor eficiencia y prosperidad. La competencia es positiva no sólo para quienes se benefician de una mejor regulación sino también para residentes en otras autonomías.
La aparición en el campo de las políticas públicas de estrategias de benchmarking ha provocado la adopción –por parte de algunas Administraciones– de medidas instrumentadas con éxito en otra comunidad autónoma. En los últimos años se ha visto en España que la competencia fiscal entre las regiones funciona.
La experiencia demuestra que muchas autonomías han hecho uso de sus competencias en materia fiscal reduciendo tipos y hasta suprimiendo gravámenes como sucesiones y donaciones, lo que ha generado redistribuciones de la actividad económica y ha provocado la emulación de otras autonomías, con lo que se han beneficiado todos los contribuyentes.
Las diferencias en la regulación comercial de las CC.AA. es otro caso en el que se pueden observar los beneficios de la competencia institucional. El establecimiento de grandes superficies en autonomías con una legislación menos restrictiva provoca el trasvase de demanda –mostrando un notable efecto frontera– de unas comunidades a otras y beneficia a los consumidores. Esta competencia puede extenderse a otros ámbitos, como el medio ambiente, la educación, la sanidad, etc.
Otro aspecto positivo de la búsqueda de regulaciones más eficientes es la creación de incentivos a la innovación. El diseño de instituciones de mejor calidad llevará a que algunas comunidades atraigan emprendedores que desarrollen un tejido productivo basado en la innovación.
Las economías autonómicas compiten hoy para ofrecer los marcos institucionales más adecuados para que el capital humano pueda florecer y transformarse en actividades emprendedoras e innovadoras. "Hoy nadie pone en duda que la unidad de mercado es un bien que hay que preservar en todos los países, puesto que cuanto mayor sea un mercado –en términos de renta– mayor será la especialización de los agentes, mayor será su productividad y, en definitiva, mejor será el nivel de vida de sus ciudadanos", revelan los catedráticos de la UCM.
El proceso de transferencia de competencias a las autonomías podría poner en peligro la unidad de mercado debido al afán regulatorio de cada una. Lo cierto es que esta fragmentación no nos ha hecho progresar en los factores claves de competitividad. La profusión normativa autonómica supone importantes costes para las empresas y tiene efectos tanto sobre la demanda como sobre la oferta de bienes y servicios, así como sobre la movilidad de los factores de producción.
Por otra parte, la dispersión normativa puede reducir las economías de escala de las empresas con importantes incrementos en los costes de producción. Los requisitos especiales de cada Comunidad Autónoma que obligan a cambiar el etiquetaje, las instrucciones e incluso el propio producto, introducen restricciones a la homogeneización del bien o servicio, y aumentan los costes.
Es importante señalar que la fragmentación regulatoria puede tener efectos devastadores sobre la movilidad de trabajadores y capitales. La existencia de una normativa específica y diferente para el ejercicio de actividades profesionales puede actuar como una auténtica barrera para la movilidad del capital humano, impidiendo la especialización, condición absolutamente necesaria para la competitividad.
Asimismo, la falta de uniformidad y claridad de la normativa sobre inversión de capitales puede ahuyentar a inversores ante la incertidumbre de una regulación arbitraria o discriminatoria.
Algunas propuestas
El estudio destaca que, en la actual situación de crisis económica, una reforma estructural prioritaria consiste en hacer funcionar de forma más eficiente la descentralización al servicio de los ciudadanos. Las medidas para reconducir la unidad de mercado y hacer funcionar la descentralización deben ponerse en marcha desde dos enfoques complementarios.
En primer lugar, desde el nivel autonómico, se deben aprovechar las ventajas de la competencia regulatoria para restaurar la unidad de mercado. Y en segundo lugar, la Administración Central debería dotarseb de nuevas labores y capacidades de coordinación.
Dentro del primer enfoque se enmarcaría la iniciativa de que, voluntariamente, las comunidades autónomas pudiesen reconocer unilateralmente y con carácter general la validez en sus territorios de las normativas emanadas de otras autonomías en los siguientes ámbitos: el acceso al mercado de los bienes y los servicios; el establecimiento y ejercicio de actividades económicas sujetas a licencias o permisos administrativos y el ejercicio de las actividades profesionales.
De este modo, cada empresa o profesional podría decidir a cuál de las múltiples regulaciones autonómicas decide someterse en el ejercicio de su actividad económica, con independencia del lugar donde ésta se desarrolle.
La propuesta de reconocimiento de normativas manda un claro mensaje político de unidad nacional, lealtad, confianza y corresponsabilidad entre las comunidades autónomas en lo que se considera que es una tarea común: la preservación de la unidad de mercado como base de nuestro potencial de crecimiento.
Esta iniciativa, aunque se iniciara unilateralmente por un pequeño número de autonomías, generaría previsiblemente –por efecto de la competencia institucional– un proceso en cadena que haría desaparecer la mayoría de las barreras a la unidad de mercado.
Por su parte, la Administración Central debería dotarse de una agencia encargada de elaborar protocolos que incluyan los principios de buena regulación, de hacer evaluaciones de normativas autonómicas, de brindar asesoramiento a todas las Administraciones y de coordinar los planes de mejora de la calidad regulatoria.
Este organismo podría actuar también como centro de información sobre competencia institucional a través de una web que recogiese información sobre las distintas regulaciones autonómicas, estudios comparativos, índices o propuestas para reducir cargas administrativas.
Adicionalmente, a la hora de diseñar todo tipo de regulación, todos los niveles de la Administración deberían aplicar los principios elaborados por los organismos internacionales para una buena regulación: necesidad, simplicidad, proporcionalidad, transparencia, consistencia y subsidiariedad, entre otros.
Ello implicaría que la elaboración de las normas contara con una memoria que incluyese un estudio de los efectos económicos y sobre la unidad de mercado que conllevaría la vigencia de la misma. Este informe, de carácter obligatorio, tendría como objetivo que los reguladores internalizasen los costes de la regulación.
“En definitiva, en España tenemos un importante reto para recuperar la senda de la prosperidad: conjugar las ventajas de la descentralización autonómica y, a la vez, salvaguardar la unidad de mercado para poder competir en un mundo globalizado”, concluye el estudio.