Tres son las razones fundamentales por las que el plan de austeridad que el Gobierno ha enviado a Bruselas no es creíble, tanto para los expertos como para las propias instituciones europeas: las previsiones macroeconómicas, la reducción del gasto de personal y la contención del gasto público autonómico.
Según los expertos en la materia, estas medidas de austeridad presupuestaria con el fin de regresar al Pacto de Estabilidad de la UE (déficit inferior al 3% del PIB) pueden ser calificadas de meras falacias, ya que es muy probable que no se cumplan, al menos, en el plazo previsto.
En primer lugar, hasta el propio comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, reconoce que las previsiones macro de sus colegas de partido pecan de “cierto optimismo”, sobre todo a partir de 2011.
En concreto, según el departamento que dirige Elena Salgado, el Gobierno confía en que “a partir de 2011 se iniciará una fase de recuperación más sólida que se intensificará en 2012 y 2013, años para los que se estiman incrementos [del PIB] del 1,8%, 2,9% y 3,1%, respectivamente”. Es decir, Economía espera que el país recupere en el horizonte de 2012 el crecimiento potencial registrado durante los años previos de burbuja inmobiliaria (aumentos del PIB próximos o superiores al 3% anual).
¿Problema? En primer lugar, todos los organismos -nacionales e internacionales- coinciden en que la recesión de España en 2010 será superior a la estimada por el Ejecutivo (un decrecimiento del 0,3% interanual) y, por el momento, nadie se aventura a pronosticar un crecimiento superior al 2% durante los años venideros. De hecho, la mayoría de economistas e informes al respecto hablan de posible estancamiento económico o, lo que es lo mismo, un avance del PIB exiguo (próximo o inferior al 1%).
Si el Gobierno falla de nuevo en sus previsiones macroeconómicas -algo que se ha convertido en norma desde 2007- la recaudación fiscal será, sin duda, inferior a la estimada inicialmente con lo que el ajuste presupuestario no se cumplirá.
Previsiones macro erróneas
En este sentido, la agencia de calificación crediticia Moody's considera que España se enfrenta a un ajuste "prolongado y doloroso". En su último informe advierte de que la contribución cíclica del crecimiento a la reducción del déficit (cerca de 1,5% del PIB) “puede ser menos de lo esperado ya que se basa en unas previsiones de crecimiento promedio del 2,5% entre 2011 y 2013, que puede llegar a ser demasiado optimista”.
La segunda falacia consiste en el recorte previsto en el gasto de personal que contempla el citado plan enviado a Bruselas. Según Moody's, esta medida también podría arrojar unos resultados inferiores a los estimados.
Economía espera aplicar una “reducción de 1,9 puntos porcentuales de PIB de la remuneración de asalariados (que equivale a un recorte del 4% en términos nominales en comparación con el nivel de 2009). Ello se conseguiría tanto a través de una práctica congelación de la Oferta de Empleo Público (con una reposición global del 10% de las plazas), como por medio de una fuerte moderación salarial”.
El Gobierno, nuevamente, peca de irreal. Así, tal y como señalan desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), “en 2010 la remuneración de asalariados en términos nominales subirá el 0,2%, por lo que el ajuste tendrá lugar durante los tres siguientes años (el -1,9% en 2011, el -0,6% en 2012 y el -1,7% en 2013)".
Los problemas son varios en este ámbito. La moderación salarial del 0,2% prevista para 2010 implicaría una reducción en el número de empleados públicos del 1,8%. Es decir, el empleo de las Administraciones Públicas debería reducirse en 50.400 trabajadores este mismo año. Por el momento, nada hace pensar que este recorte se vaya a llevar a cabo, más bien al contrario, puesto que el número de empleados públicos creció el pasado año.
De hecho, “incluso reduciendo los empleados públicos en 2010 en más de las 50.000 personas necesarias, para cumplir el plan, la remuneración media real por asalariado público debería reducirse un 3,4% de aquí al 2013 (si utilizamos el deflactor del PIB como medida de aumento de precios) o casi un 5 % en el mismo periodo (si utilizamos el IPC que el plan plantea). Si reducir 50.400 empleados públicos este año me parece difícil, no os quiero decir lo difícil que me parece reducir los salarios reales un 5%”, indica Juan Rubio Ramírez en FEDEA.
El despilfarro autonómico
Por último, la tercera falacia consiste en la reducción del gasto prevista a nivel autonómico. El Gobierno confía en acordar con los gobiernos regionales y locales un ambicioso plan de austeridad. Sin embargo, lejos de cumplir tal objetivo, el documento enviado a Bruselas indica que el déficit de CCAA y ayuntamientos aumentará en 2010 y 2011. Es decir, el prometido ajuste fiscal recaerá íntegramente en el Estado, y tan sólo a partir de 2012 autonomías y municipios se verán obligados a apretarse el cinturón.
En concreto, el Gobierno espera reducir el déficit del Estado del 9,5% del PIB en 2009 a un 6,2% en 2010, pero prevé que el déficit de las CCAA y de las corporaciones locales siga creciendo este año (del 2,2% al 3,2%, y del 0,5% al 0,7%, respectivamente) y el siguiente (hasta el 4,2% y el 1%, respectivamente).
De este modo, pospone hasta 2012 el grueso del ajuste fiscal que deberán realizar ambas administraciones: autonomías y ayuntamientos tendrán que reducir casi un 70% su déficit público entre 2011 y 2012 (justo después de las elecciones municipales y autonómicas, previstas para mayo de 2011).
Según Moody´s, “la contribución específica de ajuste fiscal de las regiones autónomas y los gobiernos municipales no se puede garantizar”. No es el único que duda del ajuste. Los economistas de RGE Monitor, la web de análisis que dirige Nouriel Roubini, advierten de que “sigue existiendo incertidumbre sobre la viabilidad y credibilidad del plan fiscal. Dado que un quinto de la reducción esperada del gasto debe provenir de las comunidades autónomas y los gobiernos municipales españoles, su cooperación es crucial", indican.
"El gobierno central, sin embargo, sólo puede sugerir directrices presupuestarias a estas administraciones y carece del poder de ponerlas en práctica, lo que hace surgir dudas sustanciales acerca de la viabilidad del plan de consolidación fiscal. Es más, las predicciones sobre el crecimiento de la economía que subyacen al plan fiscal parecen excesivamente optimistas”, concluye.
Lo grave es que, por el momento, la evolución del déficit estatal no muestra ningún atisbo de ajuste a la baja, según los datos oficiales del pasado enero. “La recaudación siguió cayendo con respecto a un año antes y los recursos totales del Estado durante los últimos doce meses se sitúan en su nivel más bajo desde que se comienzan a medir usando la metodología actual. A este paso no sería una sorpresa si cayeran por debajo de los 100.000 millones de euros anuales en algún momento este año”, tal y como recoge el blog Random Spaniard.
El déficit del Estado, que terminaba 2009 en 99.800 millones de euros, rompió en enero la barrera de los 100.000 millones de euros por primera vez en la historia.
Así pues, los expertos desconfían de los pilares básicos sobre los que el Gobierno sustenta su compromiso de reducir el déficit público desde 11,4% en 2009 hasta el 3% del PIB en 2013. Moody´s prevé que tal objetivo se retrase, como mínimo, un año. Y ello, siempre y cuando se cumplan todas las previsiones que contempla el Gobierno (algo improbable , según los analistas).