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ABRÓCHENSE LOS CINTURONES

Salgado tapa el agujero a golpe de impuestos y Telefónica triunfa en Brasil

La operación de Telefónica en Brasil es la principal noticia que publica la prensa salmón. Además, el déficit del Estado se reduce por que se dispara la recaudación del IVA y las constructoras no demandarán a Fomento si son rescatadas como las cajas de ahorros.

Abróchense los cinturones, miércoles

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Las multinacionales españolas salvan la cara al Gobierno, que ya sólo opta por apretar las tuercas a los contribuyentes para tapar el enorme agujero que ha abierto en las cuentas públicas tras varios años de derroche y despilfarro. La operación de Telefónica en Brasil para controlar el 100% de Vivo y el comienzo de la publicación de los resultados del primer semestre de los pesos pesados del Ibex impulsan la confianza generada con los buenos resultados de los bancos en las pruebas de estrés de Bruselas.

Los diarios económicos dedican sus portadas a la operadora que preside César Alierta. Expansión señala que "Telefónica compra Vivo para ser el líder en Brasil: la multinacional española paga 7.500 millones a Portugal Telecom después de tres meses de batalla empresarial". La operadora "adquiere Brasilcel, el holding que compartía con la empresa lusa para controlar Vivo. La clave para desbloquear el acuerdo "es la permanencia de PT en Brasil a través de Oí"

Por su parte, Cinco Días indica que "Telefónica gana Brasil: logra el control de Vivo tras elevar su oferta a 7.500 millones". La operación "coloca a la española como líder del mercado". El Economista va un poco más lejos y destaca que "el preacuerdo de PT con Oi obliga a Socrates a claudicar ante Alierta: el Gobierno portugués intentó usar esta treta para subir el precio a percibir por Vivo".

Pero fuera del mundo empresarial, sin duda lo más relevante es la ejecución presupuestaria que presentó ayer el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña. El déficit del Estado entre enero y junio alcanzó los 29.765 millones. Los optimistas verán una caída del 24% respecto a 2009; los pesimistas, casi 30.000 millones más que sumar a la deuda pública. En medio, un dato preocupante: la reducción se consigue subiendo impuestos, no rebajando el gasto.

Y es que la recaudación por IVA se ha disparado un 31%. La explicación es sencilla: los ciudadanos y las empresas han adelantado sus compras para evitar la subida de este impuesto en la segunda mitad del año. Esto supone que el agujero en las cuentas públicas (el déficit) seguirá creciendo entre julio y diciembre, a no ser que el Gobierno decida recortar el gasto público.

Hablando de desembolso de fondos estatales, ahora resulta que las constructoras quieren ser rescatadas del mismo modo que las entidades financieras. Los diarios también tratan esta cuestión. Todo vale cuando del dinero público se trata. Estas empresas quieren cobrar la falta de seguridad jurídica que hay en España a través de una inyección de fondos como compensación a la decisión del ministro de Fomento, José Blanco, de rescindir contratos ya adjudicados.

Las empresas no esperaban esta decisión de recorte en proyectos de obra civil, ya que el propio Gobierno había asegurado que este sector iba a recoger el testigo de la construcción inmobiliaria. Las compañías han realizado inversiones que no van a recuperar y amenazan con una batalla legal para conseguir compensaciones económicas.

La ley contempla que el Estado debe compensar a las compañías con una indemnización equivalente al 6% del presupuesto no ejecutado. Eso supondría que habría que pagar alrededor de cien millones de euros sólo por las obras que ya no se harán, aunque es previsible que las constructoras exijan también una compensación similar por los más de 8.000 millones de euros adjudicados en obras que han sido suspendidas temporalmente.

El Gobierno debe cumplir la ley, pero no claudicar ante las amenazas de un sector que quiere ser rescatado. Las compañías que no sean eficientes que quiebren, reajusten sus negocios o busquen fusiones para sobrevivir, pero lo que no se puede hacer es obligar siempre al contribuyente a sufragar los errores del sector privado.

En el caso de las entidades financieras, la excusa oficial es que no se puede dejar caer un banco o caja de ahorros por el peligro que tiene sobre el resto del sistema. Aunque esta idea es discutible, lo que no se puede negar es que en el caso de la construcción no sirve como argumento. Sin posibilidad de quebrar no existe el mercado libre y sin mercado libre no existe la competencia. Y al final pagamos los de siempre.

En Libre Mercado

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