L D (Mercedes R. Martín) Ni José Luis Rodríguez Zapatero ni Pedro Solbes están por la labor de reconocer la gravedad de los efectos de la crisis en las entidades financieras españolas. Ambos, interpelados en el Congreso sobre la intervención de Caja Castilla-La Mancha, no se salieron del guión de los últimos días.
El presidente del Gobierno sólo hizo la concesión de admitir “riesgos limitados” en el sector. Solbes aclaró que cuando habló de “trámite” el domingo aludía al decreto ley que aprobaba la intervención pero, pese a la insistencia del PP, no entró en detalles sobre la situación real en la caja.
Tras la intervención de un moderado Mariano Rajoy exigiendo al Gobierno “un proyecto que nos dé seguridad” a todos, el tono cambió, como suele, con la pregunta de Soraya Sáenz de Santamaría. La portavoz volvió a recurrir a su peculiar estilo para tratar de animar el debate preguntándole a De la Vega por la fecha de su última conversación con los autónomos: “No me refiero a los miembros del Gobierno, que van por libre…”.
De la Vega, cuyo gesto le hace imposible disimular la irritación que suelen causarle las intervenciones de la portavoz, insistió en hablar de una oposición que “alborota” y que “empuja en la dirección contraria” de la recuperación económica. No se olvidó de sus ya habituales alusiones al supuesto espionaje y corrupción en el PP, y también citó a Caja Madrid: “¿Qué hacen ustedes? Se despellejan por controlar una caja de ahorro…”.
Tras las monótonas respuestas de Solbes y el enfrentamiento entre Ignacio Cosidó y Alfredo Pérez Rubalcaba por el sueldo de policías y guardias civiles –“no pueden prometer, pero prometen”, dijo el ministro sobre los populares–, no parecía que la sesión de control fuera a traer ninguna novedad más. En los pasillos, mientras los diputados populares se escabullían cuando se les preguntaba por Luis Bárcenas, el presidente del Gobierno evitaba responder sobre Nicolas Sarkozy pese a tener la mente más puesta ya en su silla en la cumbre del G-20 que en los asuntos domésticos.
La sorpresa llegó con Celia Villalobos y su pregunta sobre la Ley de Costas. La diputada popular, en defensa de los chiringuitos de Málaga, espetó a la ministra Elena Espinosa que se meta “con la casa del señor Blanco” en lugar de con los “chiringuiteros”, como denominó a quienes regentan los bares en las playas. Espinosa respondió que hablaría “con el promotor de la obra” para saber si en la ya conocida como Villa PSOE sólo vivían socialistas, o había también algún afiliado al PP.
Después, una alusión del diputado socialista Miguel Ángel Heredia al ayuntamiento de Málaga llevó a la diputada popular a solicitar a la vicepresidenta de la Cámara, Teresa Cunillera, que le permitiera responder al parlamentario. Cunillera, reglamento en mano, se negó a hacerlo alegando que no se trataba de una alusión personal.
La decisión de la socialista despertó las iras de la diputada. Las protestas iniciales fueron subiendo el tono a medida que Cunillera insistía en rechazar su petición. “¿Estamos en una escuela o estamos en el Congreso de los Diputados?”, preguntó Villalobos a gritos en la cámara. “¡No me obligue a llamarle al orden!”, respondió de la misma forma la vicepresidenta del Congreso. Los periodistas, estupefactos, seguían la escena. En el hemiciclo, ya a esa hora medio vacío, la bronca despertó del letargo a los diputados en un día en que hubo muy poco que se saliera del guión.