L D (Agencias) La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sirvió para conocer algunos detalles de las medidas adelantadas por José Luis Rodríguez Zapatero el pasado lunes y aprobadas este sábado y, en concreto, de la relativa a la moratoria hipotecaria para parados y autónomos en dificultades.
Según anunció Pedro Solbes, esta medida se llevará a cabo mediante sendos acuerdos entre las entidades y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y entre los interesados y sus bancos. La materialización de esta medida se desarrollará por tanto mediante un acuerdo "con dos patas", según explicó el vicepresidente tras subrayar que la moratoria exigirá un acuerdo entre interesado y entidad, mediante un documento privado sin costes registrales ni notariales.
Mientras, el ICO deberá concertar un convenio con las entidades para "aportarles la liquidez necesaria para llevar a cabo las operaciones". De esta forma, este organismo deberá concertar los correspondientes convenios con las entidades en los que se determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones.
Los "riesgos" de la medida
Posteriormente y a preguntas de los periodistas, Solbes tuvo que referirse al coste para el Estado que tendrá esta medida. El vicepresidente económico reconoció que la banca, con esta propuesta, "nos pasa parte del riesgo a nosotros". "Si no se pagaran los créditos" tras la moratoria, admitió Solbes, "habrá un coste para el Estado y para el banco y distribuiremos el coste entre los dos".
"Si no nos subimos al árbol no cogemos las nueces", continuó diciendo Solbes para justificar la medida. "Es posible, hay un riesgo limitado", pero sabemos que "en general la hipoteca es lo último que dejan de pagar los españoles" en caso de dificultad.
En cuanto al papel de los bancos en este paquete de medidas, Solbes admitió que "se ha negociado con los bancos permanentemente", tanto con la AEB como con la CECA, con el fin de "poner en marcha un sistema que funcione". Respecto a la moratoria, precisó que se trata de un sistema "voluntario" para los ciudadanos que así lo deseen y que, como no podía ser de otra manera, "la predisposición de la banca para este tipo de moratorias es total". Ellos, como recordó Solbes, "percibirán el dinero, se les garantiza".
Puerta abierta al déficit
Otras de las preguntas a Solbes fueron relativas al déficit y a la posibilidad de que las cuentas del Estado superen ampliamente la cifra del tres por ciento. El vicepresidente no descartó que rebase ese límite e incluso lo justificó. Según Solbes, superar ese saldo negativo "puede considerarse admisible" si se produce al tomar medidas "excepcionales y temporales" para afrontar la crisis.
Solbes indicó que en el seno de la Unión Europea ya se ha estudiado en qué supuestos, dada la coyuntura, tener un déficit superior al 3 por ciento del PIB no será motivo para que la Comisión Europea abra a ese país un procedimiento por déficit excesivo. Añadió que hay ciertas condiciones por las que se reconoce que dicho déficit es temporal, entre las cuales está "una caída significativa del crecimiento económico".
Las medidas aprobadas
En la misma rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno ha aprobado estas medidas porque sigue trabajando bajo los parámetros de actuar, según dijo, con "contundencia, responsabilidad y determinación" contra la crisis económica.
Afirmó que el conjunto de medidas aprobadas son fruto del acuerdo en el seno del diálogo social y de carácter "eminentemente social" y de apoyo a las familias españolas y a la protección de los desempleados. Asimismo, adelantó que a estas medidas les sucederán otras, "las necesarias", para reactivar la economía y el empleo y ofrecer más protección a los desempleados.
Además de la moratoria de dos años para el pago de la mitad de la cuota de la hipoteca, este sábado se aprobaron otras medidas del paquete, como la de establecer un plazo adicional para vender la vivienda habitual cuando previamente se hubiera adquirido otra. Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado tomar en consideración la deducción por inversión en vivienda habitual para el cálculo de la retención del IRPF, circunstancia que ahora no se tenía en cuenta.
En cuanto al paquete de medidas sobre empleo y contratación, de las cuatro que anunció el Gobierno, sólo han aprobado dos, pues el resto se quieren seguir negociando con los sindicatos, que todavía no han dado su aprobación. Concretamente, el Ejecutivo ha dado vía libre a una nueva bonificación de 1.500 euros anuales para incentivar en las empresas la contratación indefinida de parados con cargas familiares y la ampliación del 40% al 60% del porcentaje de la prestación por desempleo que los parados pueden capitalizar para convertirse en trabajadores por cuenta propia.
Las otras dos iniciativas anunciadas que no se han aprobado consisten en bonificar a aquellas empresas que creen empleo en sectores emergentes, como la I+D+i o las energías renovables, y en la regulación de la actividad de las empresas de recolocación en los expedientes de regulación de empleo.
En total, el Gobierno calcula que el coste de las medidas para impulsar el empleo y la contratación en un momento como el actual alcanzará unos 170 millones de euros para 2009 y 2010 y que se beneficiarán de ellas cerca de 500.000 personas en los dos próximos años.
Según anunció Pedro Solbes, esta medida se llevará a cabo mediante sendos acuerdos entre las entidades y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y entre los interesados y sus bancos. La materialización de esta medida se desarrollará por tanto mediante un acuerdo "con dos patas", según explicó el vicepresidente tras subrayar que la moratoria exigirá un acuerdo entre interesado y entidad, mediante un documento privado sin costes registrales ni notariales.
Mientras, el ICO deberá concertar un convenio con las entidades para "aportarles la liquidez necesaria para llevar a cabo las operaciones". De esta forma, este organismo deberá concertar los correspondientes convenios con las entidades en los que se determinarán las condiciones financieras y las garantías de dichas operaciones.
Los "riesgos" de la medida
Posteriormente y a preguntas de los periodistas, Solbes tuvo que referirse al coste para el Estado que tendrá esta medida. El vicepresidente económico reconoció que la banca, con esta propuesta, "nos pasa parte del riesgo a nosotros". "Si no se pagaran los créditos" tras la moratoria, admitió Solbes, "habrá un coste para el Estado y para el banco y distribuiremos el coste entre los dos".
"Si no nos subimos al árbol no cogemos las nueces", continuó diciendo Solbes para justificar la medida. "Es posible, hay un riesgo limitado", pero sabemos que "en general la hipoteca es lo último que dejan de pagar los españoles" en caso de dificultad.
En cuanto al papel de los bancos en este paquete de medidas, Solbes admitió que "se ha negociado con los bancos permanentemente", tanto con la AEB como con la CECA, con el fin de "poner en marcha un sistema que funcione". Respecto a la moratoria, precisó que se trata de un sistema "voluntario" para los ciudadanos que así lo deseen y que, como no podía ser de otra manera, "la predisposición de la banca para este tipo de moratorias es total". Ellos, como recordó Solbes, "percibirán el dinero, se les garantiza".
Puerta abierta al déficit
Otras de las preguntas a Solbes fueron relativas al déficit y a la posibilidad de que las cuentas del Estado superen ampliamente la cifra del tres por ciento. El vicepresidente no descartó que rebase ese límite e incluso lo justificó. Según Solbes, superar ese saldo negativo "puede considerarse admisible" si se produce al tomar medidas "excepcionales y temporales" para afrontar la crisis.
Solbes indicó que en el seno de la Unión Europea ya se ha estudiado en qué supuestos, dada la coyuntura, tener un déficit superior al 3 por ciento del PIB no será motivo para que la Comisión Europea abra a ese país un procedimiento por déficit excesivo. Añadió que hay ciertas condiciones por las que se reconoce que dicho déficit es temporal, entre las cuales está "una caída significativa del crecimiento económico".
Las medidas aprobadas
En la misma rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, aseguró que el Gobierno ha aprobado estas medidas porque sigue trabajando bajo los parámetros de actuar, según dijo, con "contundencia, responsabilidad y determinación" contra la crisis económica.
Afirmó que el conjunto de medidas aprobadas son fruto del acuerdo en el seno del diálogo social y de carácter "eminentemente social" y de apoyo a las familias españolas y a la protección de los desempleados. Asimismo, adelantó que a estas medidas les sucederán otras, "las necesarias", para reactivar la economía y el empleo y ofrecer más protección a los desempleados.
Además de la moratoria de dos años para el pago de la mitad de la cuota de la hipoteca, este sábado se aprobaron otras medidas del paquete, como la de establecer un plazo adicional para vender la vivienda habitual cuando previamente se hubiera adquirido otra. Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado tomar en consideración la deducción por inversión en vivienda habitual para el cálculo de la retención del IRPF, circunstancia que ahora no se tenía en cuenta.
En cuanto al paquete de medidas sobre empleo y contratación, de las cuatro que anunció el Gobierno, sólo han aprobado dos, pues el resto se quieren seguir negociando con los sindicatos, que todavía no han dado su aprobación. Concretamente, el Ejecutivo ha dado vía libre a una nueva bonificación de 1.500 euros anuales para incentivar en las empresas la contratación indefinida de parados con cargas familiares y la ampliación del 40% al 60% del porcentaje de la prestación por desempleo que los parados pueden capitalizar para convertirse en trabajadores por cuenta propia.
Las otras dos iniciativas anunciadas que no se han aprobado consisten en bonificar a aquellas empresas que creen empleo en sectores emergentes, como la I+D+i o las energías renovables, y en la regulación de la actividad de las empresas de recolocación en los expedientes de regulación de empleo.
En total, el Gobierno calcula que el coste de las medidas para impulsar el empleo y la contratación en un momento como el actual alcanzará unos 170 millones de euros para 2009 y 2010 y que se beneficiarán de ellas cerca de 500.000 personas en los dos próximos años.