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Trabajo cree que la economía sumergida supone el 20 por ciento del PIB y solicita un estudio al CES

Según una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso la agencia de noticias Europa Press, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha dirigido al Consejo Económico y Social (CES) para solicitarle la elaboración de un estudio sobre la economía sumergida que, de acuerdo con los datos del Gobierno, representa en torno al 20 por ciento del PIB.

LD (Europa Press) En la respuesta, dirigida al diputado de CiU Carles Campuzano, el Ejecutivo asegura que es "consciente" de la necesidad de actuar de forma "decidida" en el ámbito de la economía sumergida. En este sentido, recuerda que España ha asumido el compromiso en el marco de la Estrategia Europea de Empleo (EEE) de erradicar el trabajo no declarado, realizando los esfuerzos necesarios para medir el alcance del problema y los progresos registrados a nivel nacional
 
De acuerdo con los datos recopilados por el Ejecutivo, el volumen de empleo informal ligado a la economía sumergida supone entre el 18 por ciento y el 20 por ciento de la población activa. La Comisión Europea, en un informe correspondiente al ejercicio 2002, estimaba que la economía sumergida en España había aumentado desde el 15 por ciento en 1998 hasta el 22 por ciento del PIB en el año 2000, concentrándose especialmente en los sectores de agricultura y construcción.
 
Así, según las estimaciones de la CE, España, junto a Portugal y Bélgica, se situaba entre los países con niveles más elevados de economía sumergida dentro del conjunto de la UE-15. El nivel más alto correspondía a Grecia, con un 30 por ciento del PIB, en tanto que Alemania y Francia se hallaban en una franja intermedia, con cerca del 10 por ciento.
 
La Comisión calcula además que, dentro de la UE, el número de trabajadores sin contrato representa entre el 7 por ciento y el 19 por ciento del empleo total de la Unión y casi el doble de la población parada. Según otro estudio realizado por la Universidad de Zaragoza, y citado por el Gobierno en esta respuesta parlamentaria, los índices de irregularidad más elevados corresponden a Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia y Murcia. Por el contrario, los más bajos se registran en Aragón, Asturias, Cantabria, Navarra y País Vasco.

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