El Gobierno está acorralado en materia económica debido a los graves errores cometidos desde que comenzó la crisis española, con una burbuja inmobiliaria que estalló meses antes de que en EEUU se desatara la mayor tormenta financiera desde la Gran Depresión de los años 30 en el siglo pasado. Por ello va a intentar vender a la opinión pública una serie de reformas descafeinadas, con parches y poco contenido, en línea con la propaganda socialista que inunda España desde 2004.
Una de los primeros mercados que el Ejecutivo pretende reformar es el laboral. España tiene uno de los mercados de trabajo más rígidos del mundo, en línea con países tercermundistas y ocupando el puesto 160 en la clasificación del Banco Mundial.
Por ello, lo natural sería flexibilizar el mercado, reducir el coste de la contratación y del despido, acabar con la ultraactividad de los convenios colectivos y diseñar fórmulas para reducir la tasa de paro, permitiendo la reincorporación de los parados al mercado.
Este sería el paquete básico de cualquier reforma, como han solicitado organismos nacionales e internacionales como el Banco de España, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo no va adoptar ninguna de estas medidas, a tenor de la entrevista realizada por Miguel Valverde para Expansión al titular del departamento, Celestino Corbacho.
El ministro se ha caracterizado hasta ahora por fallar en todas sus acciones y previsiones. Baste recordar cuando en octubre de 2008 dijo que “la crisis en dos meses estaría finiquitada”, sus estimaciones sobre el número de desempleados que alcanzaría España, su análisis sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, o su enfoque sobre la rigidez del mercado laboral español. Por ello, no extraña que en esta ocasión vuelva a errar en el diagnóstico y en las soluciones.
Corbacho, que hace unos meses decía no tener competencias para detener la sangría laboral, ya tiene listo un borrador de reforma laboral. En primer lugar va a poner fin a las bonificaciones a la contratación indefinida (precisamente ahora es cuando hacen más falta), y sólo las va a mantener en el caso de los jóvenes de entre 16 y 26 años hasta 2011, un colectivo que en España sufre una tasa de paro superior al 40%.
Como segunda medida “estrella”, va a impulsar la reducción de jornada pagada con dinero del Estado, es decir, de todos los contribuyentes. Es lo que desde los sindicatos y el Gobierno se ha llamado “modelo alemán”, aunque esta valoración demuestra la falta de conocimiento de este sistema, tanto por parte del Ejecutivo como de CCOO y UGT. En realidad el modelo ya existe en España, como variedad del “Expediente de Regulación de Suspensión”.
La novedad que introduce Corbacho es que obligará a los empleados que se acojan a esta reducción de jornada a asistir a cursos de formación. Los sindicatos ya se están frotando las manos, ya que estos cursillos los imparten ellos y cobran por ello.
“Una empresa que hace suspensión de empleo no tiene vocación de cierre. Por eso debemos ayudarla a que durante un tiempo funcione con una plantilla ajustada y que, cuando mejoren las cosas, pueda recuperar a todos trabajadores, pero mejor formados (...) los expedientes de suspensión de empleo tienen que estar cada vez más relacionados con la formación. Habrá que incentivar a las empresas y los trabajadores para que esto sea así", dijo Corbacho a Expansión.
Como tercera propuesta –y la más acertada de todas- Trabajo quiere introducir a las agencias privadas en la colocación de los empleados, ya que los Servicios Públicos de Empleo (antiguo INEM) han demostrado su falta de eficiencia, al lograr trabajo a menos del 10% de los parados que acuden a sus oficinas. Eso sí, el trabajo de las empresas privadas será supervisado y fiscalizado por la Administración Pública.
Finalmente, la reforma también incluye ayudas a jóvenes emprendedores y avales del Instituto de Crédito Oficial para los pequeños empresarios, así como créditos “blandos” (con interés inferior al que ofrece el mercado), medidas contra el absentismo laboral y un “impulso al diálogo social”, concepto que no es nada más que un eufemismo para nombrar a una mesa de reuniones en la que CEOE, CCOO y UGT determinan el marco de las relaciones laborales en España y, por tanto, las condiciones y el salario de los trabajadores.