LD (EFE) Según han informado fuentes judiciales, los banqueros serán indagados por la promoción de colocaciones en dólares que hacían poco antes de que se dictaran restricciones a la retirada de fondos, el llamado "corralito" aplicado en diciembre de 2001 por el gobierno para frenar una crisis financiera, indicaron.
Las actuaciones en manos del juez federal Sergio Torres surgen de una denuncia efectuada en 2002 por uno de los perjudicados por el "corralito" financiero, que supuso grandes pérdidas para los ahorradores.
Entre los citados a declarar a partir del 3 de marzo próximo figuran quienes fueron directivos de los bancos Río (actualmente Santander Río) y BBVA Banco Francés, ambos de capital español, y de los estadounidenses Citibank y BankBoston, indicaron las fuentes.
También deberán comparecer ante Torres quienes fueron ejecutivos del HSBC Banck británico y de bancos extranjeros que se han ido del país, como el Scotia Bank canadiense, o se han fusionado, como es el caso del Sudameris, absorbido por el Patagonia, de capital argentino e italiano.
El juez Torres ha pedido informes al Banco Central argentino sobre la nómina de autoridades de los bancos durante la crisis financiera que a fines de 2001 desembocó en la mora de la deuda argentina, el mayor cese de pagos de la historia, y en la devaluación del peso, en enero de 2002, al cabo de once años de una política de libre conversión con el dólar bajo una relación de "uno a uno".
Las actuaciones se iniciaron en 2002 por la denuncia de un jubilado contra el Banco Sudameris, porque le negó la devolución de un depósito de 15.000 dólares después de que esa y otras entidades bancarias hicieran promociones en las que aseguraban que las colocaciones tenían la garantía de las casas matrices extranjeras. El por entonces juez Mariano Bergés indagó a los banqueros para determinar si habían cometido los delitos de defraudación y estafa, pero un tribunal de alzada pasó las actuaciones al fuero federal, que decidió investigar si hubo "subversión económica" o "lavado de dinero".
En 2003, la justicia federal dictaminó que no había pruebas para procesar a los banqueros ni tampoco para exculparlos, veredicto que fue confirmado en 2005. Pero ahora el juez Torres ha vuelto a centrar la investigación en las garantías de solvencia que ofrecían las filiales de bancos extranjeros.
Las actuaciones en manos del juez federal Sergio Torres surgen de una denuncia efectuada en 2002 por uno de los perjudicados por el "corralito" financiero, que supuso grandes pérdidas para los ahorradores.
Entre los citados a declarar a partir del 3 de marzo próximo figuran quienes fueron directivos de los bancos Río (actualmente Santander Río) y BBVA Banco Francés, ambos de capital español, y de los estadounidenses Citibank y BankBoston, indicaron las fuentes.
También deberán comparecer ante Torres quienes fueron ejecutivos del HSBC Banck británico y de bancos extranjeros que se han ido del país, como el Scotia Bank canadiense, o se han fusionado, como es el caso del Sudameris, absorbido por el Patagonia, de capital argentino e italiano.
El juez Torres ha pedido informes al Banco Central argentino sobre la nómina de autoridades de los bancos durante la crisis financiera que a fines de 2001 desembocó en la mora de la deuda argentina, el mayor cese de pagos de la historia, y en la devaluación del peso, en enero de 2002, al cabo de once años de una política de libre conversión con el dólar bajo una relación de "uno a uno".
Las actuaciones se iniciaron en 2002 por la denuncia de un jubilado contra el Banco Sudameris, porque le negó la devolución de un depósito de 15.000 dólares después de que esa y otras entidades bancarias hicieran promociones en las que aseguraban que las colocaciones tenían la garantía de las casas matrices extranjeras. El por entonces juez Mariano Bergés indagó a los banqueros para determinar si habían cometido los delitos de defraudación y estafa, pero un tribunal de alzada pasó las actuaciones al fuero federal, que decidió investigar si hubo "subversión económica" o "lavado de dinero".
En 2003, la justicia federal dictaminó que no había pruebas para procesar a los banqueros ni tampoco para exculparlos, veredicto que fue confirmado en 2005. Pero ahora el juez Torres ha vuelto a centrar la investigación en las garantías de solvencia que ofrecían las filiales de bancos extranjeros.