(Libertad Digital) Así lo explicó Corredor en la inauguración del X Encuentro Sectorial sobre Vivienda organizado en Madrid por la revista especializada Metros2. La titular de Vivienda pidió a las empresas del sector que “arrimen el hombro” ante el ajuste brusco “difícil y complicado” que está experimentando el mercado, con descensos de ventas, desaceleración de precios y problemas de demanda por la subida de los tipos de interés.
Así, la ministra animó al sector privado y a los responsables de la Administración a “convertir los problemas en oportunidades”, tras reconocer que la actividad inmobiliaria “estaba en una dinámica de crecimiento insostenible por expansivo, por sus tensiones especulativas y porque ha consumido ingentes cantidades de recursos naturales insustituibles”.
Corredor volvió a abrir el melón de una posible reforma fiscal que equipare el tratamiento fiscal que tiene la compra con el correspondiente al alquiler, al sugerir que “se pondrán en marcha medidas para que el alquiler esté en igualdad de condiciones que la compra”. En la actualidad, la adquisición de un inmueble como primera residencia permite una deducción del 15 por ciento de las cantidades satisfechas en la compra de la vivienda, sobre la base máxima de 9.015 euros.
Sin embargo, en el caso del arrendamiento la edad es determinante para obtener desgravaciones. Si el inquilino de una casa en alquiler tiene menos de 35 años, su casero está de enhorabuena. No pagará impuestos por la cantidad que el joven le pague de piso.
Si no es tan joven y supera los 35 años, el propietario sólo pagará la mitad de los impuestos que correspondería a la cantidad que recauda. Los arrendatarios no podrán desgravarse por el alquiler, aunque hay Comunidades Autónomas con ayudas fiscales a algunos colectivos como los jóvenes, como en Madrid.
Igualdad fiscal entre la compra y el alquiler
La equiparación fiscal de ambas formas de propiedad inmobiliaria es un tema a debate desde hace unos años. Cuando la ex ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, tomo posesión de su cartera en abril de 2004 ya expresó su intención de igualar la desgravación del alquiler y la del régimen de compra, aunque se encontró con la oposición del Ministerio de Economía y Hacienda. Finalmente, la última reforma fiscal no incorporó esta iniciativa.
Para lograr su objetivo, Corredor deberá también superar la indecisión de su propio departamento. En este sentido, la ministra ha reiterado que el Gobierno va a trabajar “intensamente” para desarrollar políticas que alivien las dificultades de los ciudadanos y de los agentes implicados en el sector inmobiliario ante la crisis que vive el mercado de la vivienda.
Por ello, considera que “el sector necesita una intervención inmediata”. Sin embargo, al mismo tiempo, reclama que “en un sistema de libre mercado, éste debe autorregularse con el menor coste social posible”.
Es decir, combina dos conceptos contrapuestos, tales como "intervención pública" y "libre mercado", ya que la presencia de uno niega la existencia del otro. Así, la ministra defiende el papel del sector público como regulador, a la vez que califica el sector inmobiliario como un sistema de "libre mercado" que debe "autorregularse" a través de la mano invisible. Una completa paradoja.