La congelación de las pensiones aprobada por el Ejecutivo para 2011 será una broma comparada con la reforma del sistema público que se pretende llevar a cabo. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció durante el debate sobre el estado de la nación -celebrado ayer y este jueves- que impulsará la reforma de las pensiones elevando de 65 a 67 años la edad legal de jubilación y ampliando el período de cálculo empleado para estimar la cuantía de las prestaciones a percibir.

Y ello, pese a haberlo negado hace apenas cinco meses, cuando el Ejecutivo envió a Bruselas su borrador de reforma. El citado documento, que está siendo analizado en la mesa del Pacto de Toledo por las distintas fuerzas políticas, planteaba ampliar de los 15 años actuales a 25 los necesarios para calcular la pensión (lo que reduciría el importe en un 10%). Sin embargo, el Gobierno señaló entonces que tan sólo se trataba de una "simulación", de un "ejemplo".

Zapatero admite ahora que su objetivo es, precisamente, ése: ampliar el período mínimo de años cotizados que sirve de base para calcular la cuantía real de las pensiones que se percibirán en el futuro. En concreto, Zapatero dijo el miércoles que la reforma de las pensiones tiene unos campos "bien definidos" sobre los que se puede actuar en el marco del Pacto de Toledo, entre ellos el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y la ampliación del período de cálculo.

El presidente destacó la necesidad de introducir medidas que mejoren el aspecto contributivo del sistema, bien considerando un período de carencia más amplio para tener derecho a percibir una pensión, bien ampliando el período de cálculo de las cotizaciones efectuadas. También se refirió a medidas que afecten a la jubilación anticipada y a las prejubilaciones, así como a la acción protectora de la viudedad y la orfandad en las situaciones más vulnerables.

La reforma se establecería de forma progresiva, en doce años, en línea con los cambios aprobados en otros países como Alemania o Francia. De este modo, Zapatero ha terminado por admitir lo que negaba hace apenas unos meses, cuando numerosos organismos (privados y públicos), entre ellos el propio Banco de España, señalaban la necesidad de reformar con urgencia el actual sistema de pensiones, dada su insostenibilidad a largo plazo.

Y es que, la crisis ha reducido de forma drástica el número de cotizantes, poniendo en riesgo el superávit de la Seguridad Social a corto plazo, al tiempo que la crisis demográfica española hace inviable el modelo a largo plazo. En este sentido, el propio Zapatero recordó que en 2050 habrá 1,7 personas en edad de trabajar por cada una en edad superior a 65 años, frente a las casi cuatro de la actualidad.

Así pues, la reforma que plantea el Gobierno se traducirá, no sólo en el retraso de la edad de jubilación, sino en una rebaja de las cuantías a percibir. Si el Gobierno mantiene su objetivo de ampliar el período de cálculo a 25 años, las pensiones futuras bajarán de media un 10%, mientras que si se extiende a toda la vida laboral -una de las opciones que también estudia el Pacto de Toledo-, la reducción media podría ascender al 30%, tal y como avanzó Libertad Digital.

Zapatero advirtió este jueves que, en caso de no llevar a cabo tales cambios, la alternativa sería subir "drásticamente" las cotizaciones sociales que abonan las empresas, algo que, a su juicio, "no sería una idea mínimamente inteligente". Por ello, pidió a la oposición que se acerque con "objetividad" a este debate porque los datos sobre la evolución de la población son "apabullantes" y negó que sus propuestas respondan a "ningún planteamiento de mercado, ni nada de eso", sino que sólo buscan hacer una "progresiva racionalización".

La alternativa de la capitalización

Pese a ello, ni el Gobierno ni la oposición se plantean, por el momento, una reforma encaminada a capitalizar el actual sistema de pensiones públicas. Nadie duda de que el sistema es insostenible pero, en vez de reducir prestaciones y retrasar la edad de jubilación, existen otras alternativas.

Tal y como avanzó LD, si Hacienda devolviera a los trabajadores los 6.000 euros anuales que, de media, cotiza un empresario a la Seguridad Social y éste los invirtiera en Bolsa, el resultado sería sorprendente: un jubilado cobraría 3.500 euros al mes -descontada la inflación- tras 30 años de trabajo y 7.500 tras 40. En la actualidad, la pensión media en España ronda los 880 euros al mes.