El Fondo Estatal de Inversión Local que puso en marcha el Gobierno a finales de 2008 sigue deparando sorpresas dos años después. Los 8.000 millones de euros de gasto público destinado a obras en los municipios han llenado España de zanjas, han esquilmado las arcas públicas y han servido para colocar carteles de propaganda del Ejecutivo en todo el territorio nacional. Todo ello para dar empleo a 160.000 parados.

Sin entrar en la nula capacidad de estas obras para aumentar la productividad de la economía española y en la oportunidad que han tenido los alcaldes para intentar ganar votos, este Jueves Santo el Gobierno ha escondido en el Boletín Oficial del Estado otra razón más para sembrar las dudas sobre la eficacia del citado plan de obras públicas.

En concreto, el Ejecutivo ha decidido ampliar en seis meses el plazo máximo para la conclusión de los trabajos en los municipios. Muchos de los ayuntamientos no han terminado las obras y, ante la cercanía del límite establecido en las condiciones de los contratos (la mayoría de las adjudicaciones se realizaron en abril de 2009), el Gobierno cambia la Ley para salvar la gestión de los alcaldes españoles.

Aunque esta razón por sí sola sería suficiente para criticar la medida, la excusa que pone el Gobierno siembra más dudas sobre el Fondo de Inversión Local. El BOE justifica la decisión de prorrogar los plazos en las condiciones meteorológicas adversas que, a su juicio, se han producido desde junio de 2009.

El texto señala lo siguiente:

Desde finales del mes de junio de 2009 se han producido graves situaciones de climatología adversa en todo el territorio estatal, produciendo daños en todo tipo de infraestructuras de titularidad pública y en bienes de titularidad privada. Esta circunstancia ha influido decisivamente en que la ejecución de determinados proyectos de inversión a realizar por los Ayuntamientos en el marco del Real Decreto-ley 9/2008, de 28 de noviembre, se haya demorado inevitablemente. Se trata, por tanto, de una situación generada por causas de fuerza mayor, no imputable a la Administración, que viene a añadirse a la complejidad propia de algunas de las obras abordadas. Como consecuencia de esta situación, se considera oportuno ampliar el plazo de prórroga en la ejecución de las obras previstas en el Real Decreto-ley 9/2008 desde el máximo de los seis meses inicialmente previstos, hasta doce meses.

Consciente de que la excusa es bastante peregrina, el Gobierno admite que “el hecho de que muchos Ayuntamientos se encuentren ya próximos a la conclusión del plazo de prórroga inicialmente concedido para la ejecución de sus proyectos” obliga a prorrogar los plazos. Además, considera que los alcaldes deben “conocer con la antelación necesaria antes de que finalice dicho plazo la posible ampliación del mismo”.

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