Desde que el ministro de Fomento, José Blanco reflexionara en público sobre la necesidad de una subida de impuestos el pasado mes de agosto, las informaciones se han sucedido y el Ejecutivo ya prepara lo que podría convertirse en la mayor subida de la presión fiscal de la historia, según publica este jueves el diario Expansión.

Este miércoles, Zapatero señalaba en el Congreso que la subida de impuestos buscaba recaudar unos 15.000 millones de euros adicionales. También recordó, como ya había adelantado, que tiene previsto aumentar el gravamen de los rendimientos de capital y  eliminar la deducción de los 400 euros sobre el IRPF. Ambas, medidas que contemplaba la información publicada en agosto Cinco Días, previa filtración del Gobierno.

Este jueves, el presidente del Gobierno, en respuesta a preguntas de periodistas tras su encuentro en Italia con Silvio Berlusconi, también ha reconocido que el Ejecutivo se plantea cambios en "la imposición indirecta", es decir el IVA y los impuestos especiales como el alcohol, el tabaco y la gasolina.

Este miércoles, en su comparecencia de ayer en el Congreso para hablar de la evolución de la economía avanzó su intención de reunirse con Rajoy en el Palacio de la Moncloa, precisó que esa entrevista prevé celebrarla en breve.

También ha explicado que su agenda de los próximos días y semanas está muy cargada y tendrá que contrastarla con la del presidente del PP para concretar la fecha de ese encuentro, según informa Efe.

Ahora, ante la crisis económica y la necesidad de reducir el déficit, y debido a que el Gobierno no va a restringir gasto social, Zapatero dijo que se va a hacer "temporalmente" un "esfuerzo de reversión" con las medidas que se habían adoptado.

Para concretar la subida de impuestos, volvió a remitir al proyecto de ley de Presupuestos, aunque repitió que se está evaluando alguna decisión sobre los 400 euros, las rentas del capital y la imposición indirecta.

"Va a ser un pequeño esfuerzo para una parte importante de la sociedad", añadió antes de subrayar que España tiene una deuda baja y el Gobierno quiere seguir manteniéndola en unos niveles razonables.