(Libertad Digital) Según el dato adelantado de IPCA, la inflación española se situó en el 5,3 por ciento el pasado mes de julio, mientras que según los datos del Banco de España el crecimiento del PIB del segundo trimestre sólo ha crecido una décima respecto a los tres primeros meses del año. Este miércoles se conocerá el dato definitivo de IPC y también el de el Producto Interior Bruto del segundo trimestre, ambos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
De confirmarse los datos ya adelantados, la economía española entrará oficialmente en la temida estanflación, que significa una elevada inflación junto a un crecimiento estancado. Esto si parece ser ya una crisis en toda regla, que según ha reconocido el propio vicepresidente no tocará techo hasta el año que viene, luego es más que posible que la economía española entre los próximos meses en recesión.
Otros indicadores recientes que atestiguan las dificultades por las que pasa la economía son la tasa de paro, que ya alcanza el 10,4 por ciento, y la producción industrial, el sector llamado a ser el relevo de la construcción, que bajó un 9 por ciento en junio, la mayor caída en más de 15 años.
De las clases de economía a las riendas de la crisis
En este contexto, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, (quien hace unos años reconocía a Jordi Sevilla necesitar unas clases de economía) ha decidido tomar las riendas de la situación y presidir la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno (hasta ahora tarea del vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes). Dicha Comisión se reúne, habitualmente, el día antes del Consejo de Ministros, por lo que se celebrará también este miércoles, ya que el jueves tendrá lugar un Consejo Extraordinario de Ministros.
La Comisión Delegada de Asuntos Económicos se ocupa de coordinar la labor de todos los Ministerios económicos del Ejecutivo y de estudiar aquellas cuestiones que requieran una propuesta común antes de ser llevadas al Consejo de Ministros. Tarea de que, hasta ahora y por Real Decreto, se había ocupado el vicepresidente Solbes.
Sólo un movimiento mediático
En la reunión de este miércoles participarán los titulares de los ministerios económicos del Gobierno (Economía y Hacienda, Industria, Turismo y Comercio, Trabajo e Inmigración, Vivienda y Fomento), y servirá para hacer balance de las medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo en los últimos meses y planificar nuevos movimientos. Sin embargo, las malas lenguas dicen que las medidas fueron preparadas por técnicos del Ministerio de Economía antes de que el Gobierno se marchara de vacaciones, por lo que la reunión de este miércoles es sólo un movimiento mediático.
Esta teoría viene avalada también por la entrevista que le hicieron al vicepresidente Solbes en RNE la pasada semana, cuando fue preguntado por las futuras medidas que tenía previsto adoptar y respondió diciendo que se harían públicas próximamente, y no le iba a dar a RNE la exclusiva.
El Consejo de Ministros aprobará la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio
Además, el próximo jueves, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley por el que se suprimirá el Impuesto sobre el Patrimonio, que pagan cerca de un millón de contribuyentes y cuya desaparición supondrá que el Estado y las comunidades autónomas dejarán de recaudar unos 1.800 millones de euros. Según fuentes de Economía, la reunión extraordinaria del Ejecutivo convocada el 14 de agosto tiene previsto aprobar este proyecto de ley.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció el pasado 4 de diciembre, en plena precampaña electoral, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo que, dijo entonces, "recae sobre las clases medias" pero "no sobre las más altas" que "encuentran fáciles mecanismos de elusión". El mismo impuesto que, años antes, suponía para Caldera, un gravamen de justicia sobre las diferencias entre los más ricos y los más pobres.
La eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio se incluyó también en el primer paquete de medidas para afrontar la crisis económica presentado por el Gobierno tras las elecciones de marzo, y aprobado en el Consejo de Ministros del 18 de abril. La supresión de este tributo será efectiva en 2009, ya que se referirá a la renta de este año.
El impuesto cuya supresión se aprueba el jueves grava el patrimonio neto de las personas físicas, siempre que el valor de estos bienes y derechos sea superior a 601.012,10 euros -100 millones de pesetas según la ley vigente, de 1991-. Este tributo está cedido casi en su totalidad a las comunidades autónomas en lo términos que establece la actual Ley de Financiación Autonómica, y el Estado recauda una mínima parte.