El bailarín Joaquín Cortés recibió el pasado viernes la carta de ejecución de sentencia por la que se le reclama cerca de dos millones de euros y el anuncio de que saldrán a subasta pública sus bienes así como los beneficios que genere con su marca –su nombre- e imagen pública para sufragar las deudas que tiene por impagos de la Seguridad Social, IRPF y otros apartados.
Según informa en ABC la colaboradora de Es la mañana de Federico, Beatriz Cortázar, el proceso ya no admite recurso ya que se lleva pleiteando tres años –de ahí que la fecha de ejecución sea el 8 de febrero-.
Este asunto se remonta a las cuentas que realizó con su empresa Gaviota Morena, con la que facturó grandes sumas de dinero gracias a sus espectáculos y sus contratos publicitarios.
No es la primera vez que Cortés se ve envuelto en este tipo de asuntos. Hace pocos años tuvo también un proceso civil tras la demanda de paternidad que le puso una exayudante, otorgándole el juez finalmente la paternidad del bebé a Cortés.
Además, unos proyectos de abrir un café espectáculo en Madrid con unos inversores argentinos acabaron en los tribunales con la querella criminal que presentaron contra él, su hermana y su apoderado, y que se recurrió tras una sentencia condenatoria que pedía para el artista un año de prisión más una multa. La juez estimó que no hubo estafa, pero sí apropiación indebida de los 700.000 euros que aportaron los socios argentinos, que "obraron con una ingenuidad fuera de lo común", según palabras de la magistrada.