La cantante Isabel Pantoja, acusada de un delito de blanqueo de capitales en un procedimiento que arranca del caso Malaya, está dispuesta a reconocer su culpabilidad a cambio de que la Fiscalía rebaje su petición de pena a 6 meses de prisión y 2,5 millones de euros –la tonadillera se enfrenta a una petición de prisión de tres años y medio y una multa de 3.680.000 euros-.
Según contó Telemadrid el lunes, Isabel Pantoja podría haber realizado un pacto con el fiscal o un acercamiento entre el abogado de la cantante y el fiscal de Málaga. Por su parte, ABC informa de que fuentes de la Fiscalía Anticorrupción les han asegurado que no se ha producido ningún contacto.
Los acuerdos entre la defensa y el fiscal para llegar a un juicio de conformidad son muy habituales pero en este caso, insistieron en Anticorrupción, "ni siquiera ha habido un acercamiento, mucho menos una propuesta concreta" de la defensa de la tonadillera. Cualquier paso en ese sentido, además, tiene que contar con el visto bueno del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas.
De qué se le acusa
La Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral para Pantoja, Julián Muñoz –expareja de la cantante y exalcalde de Marbella-, Maite Zaldívar –expareja de éste- y otras siete personas en mayo de 2010.
En el escrito explica cómo el exalcalde de Marbella habría empezado a desprenderse de fondos supuestamente sustraídos del Ayuntamiento justo en las fechas en las que rompió su matrimonio con Zaldívar y empezó su relación sentimental con la tonadillera. En esa misma época, en las cuentas bancarias de Pantoja y en las de sus sociedades se detectaron entradas de dinero por un importe total de 1.127.101 euros mediante ingresos en efectivo de origen desconocido.
Anticorrupción explica otras operaciones en las que supuestamente habría intervenido Pantoja para ayudar a blanquear el dinero. La Fiscalía señala que hubo un trasvase de fondos ilícitos mediante la compra de un apartamento en el Hotel Guadalpín de Marbella a la promotora Aifos por importe de 353.695,63 euros, casi un 34 por ciento por debajo de su precio real. La rebaja del importe tendría como contrapartida dos resoluciones favorables a la promotora -sus directivos están imputados en el caso Malaya- por el Consistorio marbellí. La misma finalidad delictiva tuvo, según el fiscal, la compra del chalé Mi Gitana.