Una vez que tanto el juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, como el Ministerio Fiscal, representado por Pedro Rubira, han movido ficha en el caso Bolinaga ahora la patata caliente está en el tejado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, encargada de resolver el recurso presentado este miércoles por el Ministerio Publico.
En el recurso, Rubira solicita de forma urgente que "teniendo en cuenta la importancia y complejidad de las cuestiones que suscitan, la repercusión que puede tener para otros casos similares que se puedan plantear y la necesidad de establecer criterios jurídicos uniformes en esta materia", en referencia a la libertad del etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga, sea el Pleno de la Sala Penal –compuesto por 18 jueces- el que resuelva este asunto en vez de la Sección Primera, encargada natural de revisar los recursos procedentes del juzgado central de vigilancia penitenciara.
Tal y como señala el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que un asunto sea avocado a pleno es necesario que lo decida el presidente, en este caso el magistrado Fernando Grande-Marlaska, o la mayoría de los magistrados que componen dicha sala.
El juez Marlaska ya advirtió cuando tomó posesión como presidente de la Sala Penal de la Audiencia el pasado 16 de abril que no avocaría ningún asunto al pleno por lo que está opción, según informaron fuentes jurídicas, está descartada. De momento, el recurso sólo se avocaría a pleno si así lo acuerdan diez de los dieciocho jueces que componen la Sala Penal.
En caso de que no haya acuerdo, sería la Sección Primera, presidida por Grande-Marlaska e integrada por Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel y Nicolás Poveda Peña –la mayoría de ellos de corte progresista- la que deberá resolver el recurso del fiscal contra la libertad condicional otorgada al secuestrador de José Antonio Ortega Lara.