Tras dos horas y media de deliberaciones, la Sección Primera de la Audiencia Nacional ha decretado este miércoles la puesta en libertad del etarra enfermo de cáncer Iosu Uribetxebarria Bolinaga. Contra esta decisión no cabe recurso y, por lo tanto, el terrorista no tendrá que volver a la cárcel cuando abandone el Hospital Donostia de San Sebastián donde se encuentra actualmente ingresado.
El presidente de la Sala, Fernando Grande Marlaska, y los magistrados Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel y Alfonso Guevara, han votado a favor de la excarcelación del etarra mientras que tan sólo el juez Nicolás Poveda ha votado en contra. Este magistrado ya ha anunciado un voto particular.
Además, al haber quedado en minoría, Poveda cederá al magistrado Ramón Saéz Valcarcel la ponencia de la resolución, que será dictada en los próximos días, según han informado fuentes jurídicas.
El fallo ha sido ya enviado al Hospital Donostia de San Sebastián, donde se encuentra ingresado el etarra Bolinaga desde el pasado mes de agosto. Si lo desea, el terrorista podrá abandonar dicho centro hospitalario en las próximas horas.
De esta forma, la Sección Primera ha rechazado este miércoles el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal que había defendido férreamente que Bolinaga no se encuentra en estado terminal de su enfermedad y que, por lo tanto, puede ser tratado del cáncer de riñón con metástasis que padece en los servicios hospitalarios de prisiones.
El fiscal había vuelto a reiterar esta postura después de conocer el último informe de la forense de la Audiencia Nacional, Carmen Baena, quien subrayó que el etarra había empeorado en los últimos días debido a la huelga de hambre que mantuvo de forma voluntaria el pasado mes de agosto así como a los efectos secundarios derivados de la radioterapia.
Sin embargo, la Sala confirma ahora la decisión del juez central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, quien acordó su libertad condicional el pasado 30 de agosto.
El magistrado De Castro le prohibió a Uribetxebarria Bolinaga acercarse a las víctimas de sus delitos o de los familiares directos de éstas; participar de forma activa o pasiva en manifestaciones públicas de enaltecimiento o legitimación de la violencia; ausentarse sin previa autorización del juez a la localidad en que se fije residencia; y por último, la obligación de presentarse mensualmente en los servicios sociales externos del centro penitenciario así como comunicar cualquier novedad referida a la evolución del tratamiento. De esta forma, se pone punto final al caso Bolinaga.