En una información a doble página abriendo la sección de "vida&artes" el diario El País pide "luz y taquígrafos contra la tortura". Denuncia este diario en este titular y en la entradilla -"España no ha condenado a ningún policía por maltrato a etarras desde la aprobación del Código Penal de 1995. Los jueces no investigan suficiente, según organismos internacionales"- que tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como la Justicia española no sólo han ejercido la violencia contra los terroristas de ETA, sino que además han hecho la vista gorda.
Se trata de una de las tradicionales exigencias que la banda terrorista ETA ha esgrimido en sus comunicados. En los mismos en los que jamás ha expresado una mínima condena al terrorismo ni reconocimiento de la trágica herida que ha infligido en más de 1.000 familias españolas rotas con su actividad terrorista. Extorsión, coches bomba, tiros en la nuca, secuestros. Miles de acciones terroristas que han roto la vida de personas anónimas que hoy son víctimas del terrorismo.
En sus comunicados, lo más que ha hecho la banda terrorista ETA ha sido equiparar el dolor causado con el que sufren los terroristas en prisión que cumplen condena separados del País Vasco. Amén de la sistemática denuncia de torturas por parte de la Policía. Eso sí, nunca un anuncio de disolución. Nunca han anunciado su intención de dejar las armas y entregarse. Jamás una condena a la violencia terrorista.
En la información firmada por Manuel Altozano no sólo se dice que la "sangrienta existencia de ETA" toca "ahora a su fin", sino que la denuncia por parte de las autoridades españolas de que "las denuncias de ETA y su entorno" son "una mera estrategia de la banda" es un cliché. Dice que así lo dicen las resoluciones de tribunales españoles y de "organizaciones que velan por el cumplimiento y respeto de los derechos humanos".
Pero no queda ahí la cosa. Denuncia que "el comportamiento de algunos miembros del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil o la Ertzaintza no haya sido siempre todo lo exquisito con los detenidos que debe ser exigible en un Estado de derecho".
Altozano apunta también a la Justicia: "que no haya condenas firmes no quiere decir que no existan sentencias por maltrato policial en operaciones antiterroristas. Las ha habido, aunque luego hayan sido recurridas y revocadas". Para afianzar su teoría cita los casos de Igor Portu y Mattin Sarasola, los etarras que pusieron la bomba en la T-4 de Barajas, acabando con la vida de dos personas: Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Los guardias civiles que los detuvieron fueron condenados por la Audiencia Nacional por torturas, y absueltos por el Tribunal Supremo tras el recurso. Entiende Altozano que esta es la prueba de que, en realidad, los etarras capturados por la Policía reciben malos tratos, no acordes con la declaración universal de derechos humanos.