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UPyD planteará en el Congreso erradicar por ley la imposición lingüística

Propone una Ley de Prevención y Erradicación de la Discriminación Lingüística para erradicar esta "indeseable" discriminación. 

LD/Agencias
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Unión, Progreso y Democracia (UPyD) llevará mañana al Pleno del Congreso una proposición de ley que aboga por prevenir y erradicar la "indeseable" discriminación lingüística que existe en comunidades con lenguas cooficiales como Cataluña, País Vasco, Galicia o Baleares. El objetivo: garantizar la igualdad y libertad de elección de la lengua en dichos territorios.

En su iniciativa, la formación magenta vuelve a defender la necesidad de restaurar el bilingüismo previsto en la Carta Magna en las administraciones autonómicas con el objetivo de que el mandato constitucional de protección de las lenguas distintas del castellano "no sea tergiversado para imponer un monolingüismo solapado contrario a los principios de igualdad y libertad de todos los ciudadanos".

Según constata, en la actualidad, y como consecuencia de las leyes autonómicas, se ha vuelto a recrear nuevas situaciones de discriminación por la lengua bajo el argumento de la necesidad de alcanzar "una normalización lingüística".

Ciudadanos de segunda

Una normalización lingüística que, a su juicio, pretende convertir en "normal" la supresión de los derechos constitucionales facilitando así la división de una sociedad entre quienes tienen los conocimientos lingüísticos exigidos "arbitrariamente" por los poderes autonómicos, y aquellos que, al no tenerlos, son convertidos "en ciudadanos de segunda" y privados, por ende, del derecho a ser atendidos en su lengua habitual, a elegir la lengua en la que se desea escolarizar a los hijos o a acceder a empleos públicos.

Así ha ocurrido, según denuncia, en comunidades como Baleares, donde en el año 2008 se lanzó una campaña sobre el uso del catalán en la administración autonómica, o en el País Vasco, donde se valoraba más el conocimiento del euskera para acceder a una plaza pública de médico que la posesión de otros títulos como un doctorado o un máster. UPyD tampoco olvida la polémica que se creó en Cataluña en torno a las multas por rotular en castellano.

"Del mismo modo en que el pasado dictatorial era sumamente difícil escolarizar a los niños en una lengua materna española distinta del castellano, ahora sucede lo mismo, con distintos grados de dificultad, a la hora de escolarizar a los niños cuya lengua materna sea el castellano", compara.

Así las cosas, UPyD propone una Ley de Prevención y Erradicación de la Discriminación Lingüística para eliminar o corregir, en su caso, toda forma de discriminación en este sentido en el ámbito de los poderes públicos.

Los mismos derechos para todos

Una norma que pretende que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y obligaciones constitucionales con independencia del lugar en el que residan y de su nivel de conocimiento de las lenguas cooficiales en las comunidades bilingües.

En concreto, Rosa Díez plantea que los servicios sociales básicos, como la sanidad o la educación, ofrezcan atención en las lenguas oficiales de esas comunidades bilingües, garantizándose singularmente el derecho a la escolarización en español y al aprendizaje de la lengua cooficial.

Además, sugiere que el conocimiento de la lengua cooficial sólo puede ser exigido, como requisito para acceder a un empleo público, cuando la actividad a desarrollar conlleve "de modo inseparable" el uso imprescindible de esa lengua, y que la emisión de lo medios de comunicación públicos se realice en ambas lenguas oficiales.

Asimismo, propone que las administraciones públicas aseguren "sin excepciones" la comunicación ordinaria en ambas lenguas oficiales en cualquier soporte y medio y sin otro requisito ni petición por parte de los ciudadanos.

Por último, la ley propuesta por UPyD aboga, entre otras medidas, por que las instituciones velen por un bilingüismo real en todos los espacios públicos tanto físicos como virtuales, incluyendo la los rótulos, instrucciones, impresos, señalizaciones o cualquier otra forma pública de comunicación.

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