El Gobierno dio forma al muro prometido para impedir que la llama secesionista torne en referéndum en Cataluña. Aunque, en principio, parece jugar a una sola carta: la barrera judicial de la que dispone la Constitución de 1978, y que la Generalidad ya ha dicho que no acatará. Tras una semana de constantes afrentas, el Ejecutivo elevó el tono, al menos en las formas. "Hay instrumentos judiciales" para impedir la consulta, en voz de Soraya Sáenz de Santamaría, y "el Gobierno está dispuesto a usarlos".
En privado, ministros consultados admiten que el órdago de Artur Mas preocupa y ocupa, pero que la orden del presidente es no caldear más los ánimos y poner el tope de las advertencias en el Tribunal Constitucional. Exponen que la imagen de una España dividida debilita al conjunto de puertas para afuera, como quedó demostrado con el fuerte aumento de la prima de riesgo el miércoles. Y añaden que el Gobierno de todos no puede echar más leña al fuego.
Pero, dicho todo lo cual, la vicepresidenta dejó claro que el Gobierno no permitirá que se celebre el referéndum. No fue tanto el fondo, como también las formas: Sáenz de Santamaría fue muy vehemente y contundente, queriendo remachar que el camino emprendido por Mas rompe todas las barreras que se permiten.
Para una consulta de la naturaleza que se pretende, expuso, solo tiene potestad el Ejecutivo central, pues "sería un asunto que afectaría al conjunto del Estado y habría que preguntarle a todos y a cada uno de los españoles". "Es lo que nos compete", remachó, igualando a un catalán con un extremeño o gallego. Todos igual.
Pese a que con José Luis Rodríguez Zapatero se derogó el delito de convocatoria de referéndum, la portavoz insistió en que existen instrumentos jurídicos y judiciales, haciendo uso de la vía del Tribunal Constitucional. La suya fue una respuesta muy preparada y calculada, leyendo parte de las normas que permiten parar los planes de la Generalidad. Así, expuso que el TC levantó la suspensión, pero con una norma muy clara: antes de hacer cualquier tipo de consulta, el Gobierno tendría que permitirla. Si hubiera utilización contraria, quedaría "sin efecto" la derogación.
Una "vía de defensa" del Estado que aún cuenta con un resorte más evidente a ojos de la vicepresidenta: si la Generalidad toma la decisión de la consulta, ésta sería fuera del marco de la competencia y "sería directamente inconstitucional". Traducido: el Gobierno iría de inmediato al TC "con la ventaja" de que se aplicaría "la suspensión automática de esa resolución".
El Constitucional se convierte así en el principal muro de un referéndum claramente "ilegal" para el Gobierno. La convocatoria "se suspendería nada más" se convoque, remachó la vicepresidenta. Una firmeza con la que el Ejecutivo también quiso tranquilizar a los suyos, muy disgustados con la tibieza oficial. El Grupo Popular era una clamor en un sector muy importante: "Tenemos que decir las cosas claras. Dejar claro que España es una nación unida y que Mas está incurriendo en un delito", en voz de un cargo de la formación. "Es el sistema lo que se está poniendo en duda, y esto es gravísimo", admitió esta misma semana un ministro.