El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se escondió este viernes de los medios de comunicación para no tener que dar explicaciones sobre los delitos imputados por las Fuerzas de Seguridad a los treinta y cinco detenidos durante las protestas que se produjeron el pasado martes en las cercanías del Congreso de los Diputados con los lemas "Rodeo el Congreso" y "Asalta el Congreso".
Los hechos tuvieron lugar en el complejo de Canillas, centro neurálgico del cuerpo policial en la capital, donde el político catalán entregó, en compañía del director general del Cuerpo, Ignacio Cosidó, el DNI electrónico número treinta millones al seleccionador nacional de fútbol, Vicente del Bosque.
Fernández Díaz no sólo rehusó comparecer antes los medios allí presentes, pese a las peticiones de los informadores, sino que se desplazó con el seleccionador a una zona anexa y no salió de la misma hasta que los periodistas abandonaron la sala donde se había realizado el acto y ya no había riesgo de coincidir con ellos.
Altos cargos del Ministerio del Interior y la delegada del Gobierno en Madrid habían informado públicamente el pasado miércoles de que algunos de los arrestados iban a ser procesados en la Audiencia Nacional por un delito tipificado en el artículo 494 del Código Penal, tras haberse manifestado frente a la Cámara Baja intentando alterar su funcionamiento.
"Incurrirán en la pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento", dice exactamente ese artículo del Código Penal.
Un día después, el juez Santiago Pedraz dictó una providencia en la que remitía a los Juzgado de Plaza Castilla las diligencias abiertas contra los arrestados, tras declararse no competente para juzgar los delitos que aparecían especificados en el atestado remitido por la Policía Nacional, en los que se incluían delitos de "atentado a la autoridad, lesiones, resistencia y desobediencia y desórdenes públicos", pero no había alusión al artículo 494.
A última hora de la noche de ayer jueves, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, en funciones de Guardia de Detenidos, acordó que 34 de los 35 detenidos salieran en libertad con cargos, mientras que para otro dictó prisión provisional eludible bajo fianza de 1.000 euros.