La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta ha anunciado un ajuste para el sector público, pero trasladó la responsabilidad a cada una de las empresas públicas existentes.
Según La Razón, esto implica la posibilidad de que se produzcan rebajas salariales, de horario o incluso despidos y confirma las sospechas de los empleados del sector público. Recuérdese que la supuesta reordenación del sector quiso, mediante la ley – llamada del "enchufismo" por los funcionarios– aprobada a principios de 2011, no sólo no despedir a nadie, sino incluirlos como empleados públicos de la Junta -Laborales de Agencia-. El PP pide a Griñán que coja el toro por los cuernos. El coste de esta administración "paralela" supone casi el 75 por ciento de los 4.900 millones del rescate solicitado por la Junta al gobierno de España.
Dentro de los trabajadores del sector público hay dos clases diferenciadas. Por una parte están los funcionarios que trabajan en empresas y agencias públicas como la Agencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) o la de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa). NI les afectaría la rebaja de salarios u horarios no les afectaría y están amparados por el Estatuto Básico del Empleado Público dependiendo directamente de la Administración General, al igual que los 260.000 empleados entre los que se cuentan médicos, profesores o funcionarios judiciales.
Pero hay otros que no tienen esa seguridad. Los trabajadores que entraron en las ocho macroagencias sin pasar procesos selectivos equiparables a los de los funcionarios constituyen la denominada "administración paralela".
Nadie sabe cuántos son. La Junta no da los datos. El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) registró a principios de mes un escrito para que Hacienda señale cuántos de estos trabajadores hay y cuánto cobran. El Gobierno andaluz señala que hay 22.000 empleados en el sector público, pero la horquilla se abre hasta los 30.000 si se tienen en cuentan estos eventuales o los que trabajan como autónomos, sobre los que las cifras son aún más difusas. La UGT los cifró en 35.000, más que funcionarios y laborales en toda la Junta.
Luego está el problema de los Tribunales. El TSJA ha dejado claro que la integración de personal es ilegal y que vulnera el Estado de Derecho. Dicho más claramente, la administración paralela no debería existir y la Junta va a tener que reordenar el sector público empresarial. Según SAF, tendrá que ver los que son necesarios para dar un servicio a la sociedad y hacer una oferta pública de empleo, en lugar de pagar ilegalmente a trabajadores como está haciendo en este momento.
El presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, llama a la cautela cuando se habla de despidos, pero coincide en que hay que hacer una reforma "real" de la administración pública empresarial, examinando las posibles duplicidades y viendo "qué sobra o qué falta".
EL PP ante la reforma
El PP cuenta 372 entes que han supuesto un desembolso de 20.000 millones de euros en la pasada legislatura. Con todo, la deuda ha pasado de 195 millones a casi 700 en tres años. El argumento de defensa del Gobierno andaluz es que, según datos del Banco de España, la deuda de este sector público supone un 0,5 por ciento del PIB, frente al 1,2 por ciento del resto de España.
El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Carlos Rojas, exigió el miércoles al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, que "mueva ficha" y presente en las próximas semanas "una hoja de ruta de viabilidad de las empresas públicas de la Administración andaluza y "mueva ficha", ya que a su juicio, "no puede retrasar más una decisión imprescindible" para cumplir con el objetivo de déficit y acabar con tanto endeudamiento"
Según indicó Rojas, de los 372 entes y desde que se aprobó el Plan de Reordenación del Sector Público en el año 2010, "únicamente se han reducido cinco entes de los 111 previstos". "El grado de cumplimiento medio en España conforme al Acuerdo marco para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas Autonómicas y Locales ha sido del 13,4 por ciento –informó-, porcentaje que en el caso andaluz es solo del 4,5%".
Además, la Administración "paralela", según indicó Rojas, aumentó un 37,2% desde enero de 2008 hasta enero 2012, lo que supone "103 entes más", es decir, "más de uno de cada tres entes se han creado en los cuatro últimos años", al tiempo que precisó que "bajo el mandato de Griñán, en plena crisis", se constituyeron 74 entes.
Respecto al número de fundaciones y sociedades mercantiles, explicó que de 19 la Junta ha pasado a crear 53 más hasta alcanzar un total de 72, y de 79 a 103 (23 más), respectivamente. Además, el Gobierno andaluz ha constituido cuatro nuevas entidades públicas empresariales.
"Estos entes entre 2008 y 2012 recibieron 20.000 millones de transferencias", subrayó Rojas, quien aseguró que la "mayoría de ellos escapan a los controles del Parlamento y al de la Intervención General de la Junta de Andalucía", pese a los informes y recomendaciones de la Cámara de Cuentas.
Respecto a la deuda del sector público andaluz, indicó que durante los años de la crisis ésta se ha "más que triplicado" al aumentar en un 255% entre 2008 y 2011. "Casi 500 millones más de endeudamiento en tres años, al pasar de los 195 a los 700 millones", lamentó.
"Nos sorprende la actitud de la consejera de Hacienda al echarle la culpa de los ajustes a las propias empresas", ironizó Rojas, quien subrayó que el Gobierno de Griñán "es el responsable de que el sector público se haya convertido en una administración paralela en la que a los supervivientes del PSOE se les han ido colocando en diferentes puestos de responsabilidad sin que hayan pasado por ninguna oposición y en detrimento de los funcionarios".
Bajo el criterio del portavoz del GP en el Parlamento andaluz, el sector público tiene que ser "transparente, austero y eficaz", si bien consideró que en el Gobierno Griñán-Valderas "no hay verdadera voluntad de acometer una reforma del sector público que lo haga austero, eficaz y que le quite grasa política", ya que "el bipartito nos ha traído aún más gasto público, además de paralizar las reformas".
En este sentido, citó como ejemplo el aumento de coordinadores que el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, "ha impuesto a Griñán en las provincias, unos puestos de nueva creación que llegan con su gabinete detrás", criticó.
"También se han creado nuevos puestos intermedios con rango de alto cargo que antes no existían", pasando de 23 puestos a 25, mientras que el "personal eventual o de confianza sigue siendo un agujero negro cuya magnitud no conocemos".
"La falta de transparencia en este asunto nos impide conocer su número exacto, las funciones que desempeñan y lo que nos cuesta. Tampoco sabemos nada de las indemnizaciones por vivienda, los plus de productividad de los altos cargos y personal eventual, o las indemnizaciones por cese", criticó Rojas, quien añadió que desconoce la reducción en los arrendamientos de las sedes de los entes de la administración, pese a haberlo solicitado su grupo en "multitud de ocasiones", concluyó.
La patronal ve el ajuste como una buena medida
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, ve "fenomenal" que se vayan a acometer ajustes en las empresas públicas de la Junta de Andalucía. "Una buena medida", en su opinión.
Herrero lo apoya si así "se mantenga el gasto de inversión en educación, investigación e infraestructuras". En ese sentido, consideró que "ajustar por las empresas públicas es uno de los mecanismos que se puede acometer, y de hecho, he propuesto muchas veces que se haga", por lo que avaló la "buena decisión" anunciada por la Junta. Desde la patronal andaluza se ha señalado en anteriores ocasiones que el volumen del sector público empresarial lastra el sector privado.
IU guarda silencio porque está en el gobierno de coalición como socio y porque ella misma ha dicho que una de sus líneas rojas era cualquier tipo de despido.